2015: La primera elección.

Posted on 8:46 by Hugo Triano Gomez | 0 comentarios


                                                                          Hugo Triano Gómez. 


Un cambio, se ha reflexionado antes, supone mejoras pero no necesariamente las logra. Una institución como el IFE mutado hacia el INE o el IEPCT vinculado ahora a aquél, requieren más que un cambio de siglas y de rostros para hacerse de lo fundamental: De credibilidad.
Claro que ambas cuentan con un marco legal renovado, extendido, pero necesitarán ante todo de la verticalidad y el valor de sus miembros a la hora de tomar decisiones, a la hora de evaluar las conductas de quienes los impulsaron: Los partidos políticos y sus representantes en las cámaras legislativas, que igual en el corto plazo serán nuevamente aspirantes a otros cargos de elección popular. Es esa relación justamente la que hace difícil pensar bien, confiar como se debiera en las instituciones. 
El hecho es que no puede permitirse más que los consejeros electorales sean “testigos consecuentes” y por tanto cómplices de procederes que pongan -por ejemplo- en riesgo la equidad de las contiendas. Advertir dicha escena y aceptarla sin proceder, hacerlo pero sin rigor, reducirán los efectos de la intentona de sentar precedentes y de sancionar con severidad que el electorado le ha reclamado al legislador.
No pueden más ser testigos de cómo se rebasan los montos de gastos de campaña y castigar pírricamente a los responsables. La fiscalización de recursos deberá mostrar pues que el dispendio del que se goza y se sufre en los organismos electorales -y los partidos- por lo menos fue empleado en algo real, en lo que se espera la corrección del error de mantener a la alta estructura de una instancia electoral, con casi todos los gastos pagados y percibiendo remuneraciones que desde hace un buen lucen injustificadas en función a los resultados que se han ofrecido.
De cara a la designación de candidatos en los partidos, valdrá la pena observar la posición que las instancias electorales asuman ante la posibilidad de que estos sean investigados “obligadamente” por la PGR o en el caso local por la PGJ para descartar algún posible nexo con grupos o actividades ilícitas. Será interesante pues es factible que más de un actor político pueda sentirse ofendido, asediado, perseguido con esa latente nueva medida. No debe descartarse siquiera que ante la falta de reglamentación del asunto, alguno pueda aducir actitudes discriminatorias u hostigamiento en su contra, dando al traste con la intención de la idea.
¿Cuál debe ser el mecanismo a emplear? ¿A todos debe aplicar? ¿A los cientos de precandidatos o hasta que se hayan definido al menos a los abanderados por partido? ¿Bastará con revisar la existencia de antecedentes no penales? ¿De cotejar status financieros? ¿Son los exámenes de confianza una herramienta útil para el asunto? ¿Qué garantías de imparcialidad y veracidad pueden ofrecerse? ¿Es el CISEN el eslabón perdido en el caso, la piedra angular para el trabajo de las procuradurías? ¿Quién debe pedir a quién la información?
Como es de suponerse el papel de los gobiernos federal y estatal será fundamental para aterrizar la idea, aprovechando los “ímpetus de apertura” que han mostrado todos los partidos ante lo acontecido en Guerrero y Michoacán principalmente. De nuevo, la cuestión es determinar si la directriz será enmarcada como todo hace suponer desde el INE y los partidos o en el caso del suelo choco desde el aún sobreviviente Acuerdo Político por Tabasco. De ese que el PRI abandonó en pos de prepararse para la “guerra” del 2015 y que no ha tenido mucho que ver últimamente con las “grandes decisiones para el estado”.
Al final lo que se decida para tan importante momento del proceso electoral dará luces respecto a lo que verdaderamente se desea para la jornada del 7 de junio. ¿Se trascenderá a los hechos o todo quedará de nuevo en amagos, intentos de avanzar o promesas?. No hay mucho margen de maniobra -ni tiempo- para concretar la primera… elección.

Tabasco: 7 años después.

Posted on 11:08 by Hugo Triano Gomez | 0 comentarios


Hugo Triano Gómez. 


Cuando hace 7 años Villahermosa sufría la “más grande” inundación de su época reciente, pocos imaginaron lo que terminaría sucediendo. Lo que los tabasqueños exhibirían para bien y para mal, desde el lado de los gobernantes hasta el de los de a pie, los comunes y corrientes.
Aquellos tiempos fueron difíciles por cuanto hace a una catástrofe, aunque más si se considera que la ciudad capital fue tan vulnerada como sus principales detractores jamás habrían soñado. La agravante se hizo realidad cuando hubo elementos para fijar en el colectivo tabasqueño, la idea de que el gobierno de Andrés Granier tuvo información puntual de lo que venía y no actuó como debía.
Ya sea por negligencia criminal, por incapacidad crónica o por una indiferencia propia de los apátridas, mucho -muchísimo- se fue al agua y con ello el hambre por el dinero, el oportunismo, el agandalle y la discriminación hicieron su aparición. Tabasco llegó entonces al punto más alto de su calamidad.
Desde esa vez el discurso no cambió y lo que ocurrió con el entonces responsable de la hegemonía gubernamental es historia. Una historia sin juzgar -fehaciente y suficientemente- por cierto.
Como en su oportunidad se sostuvo, el gabán de la impunidad tendió su manto y terminó por ocultar todo lo posible respecto a la tragedia. No hubo un solo responsable físico. La deidad, la normalidad de la planicie y el pantano, si acaso.
A más de un sexenio de distancia lo que queda es reflexionar sobre las enseñanzas que dejó la catástrofe. ¿Está la entidad verdaderamente preparada para enfrentar nuevas e inevitables avenidas de agua? ¿La versión de dragado de ríos hechos y avances en obras de infraestructura de protección tiene el aval de la administración estatal, responsable primera de la seguridad de los que aquí habitan?
¿Son suficientes los 1500 millones de pesos previstos como inversión para el 2015? ¿Cómo validar la efectividad de los 12 mil millones destinados desde 2007? ¿Todo lo invertido correspondió a lo trazado, a lo necesario?
¿Realmente es considerada la opinión de la representación estatal en el manejo del sistema de presas dependiente del Comité Técnico de Operación de Obras Hidráulico Regional como tanto se peleó o tendrá que esperarse a la siguiente eventualidad para dar constancia de ello?
¿El atlas de riesgo por inundación que la CONAGUA dijo haber diseñado, es efectivamente del conocimiento del Estado y más importante aún, de los municipios? ¿Permeó a quien debe, a la gente  común? ¿Saben cómo reaccionar ante las eventualidades, son conscientes ya los tabasqueños que una evacuación no es opcional sino un protocolo que no permite opiniones o deseos de terceros? ¿Existiría -ahora sí -la seguridad en el resguardo de las propiedades de quienes tuvieran que abandonar sus casas por obligación?
¿La protección civil se adoptó de verdad tras aquello que sucedió? ¿La importancia alcanzó lo real o solo sigue figurando en los discursos y en la temporada de precipitaciones?
¿Cesaron los rellenos irregulares? ¿El ordenamiento urbano adoptó un nuevo cauce o solo sustituyó a los cómplices de las consecuencias que en adelante podrían pagarse?
¿Hoy habría más solidaridad, menos rapiña para con los afectados? ¿La emergencia estaría blindada ante los negativos efectos de la grilla que suele pervertir todo lo que toca?
Sean las que sean las respuestas a las interrogantes, lo cierto es que si la mayoría apunta a una negativa, será insostenible asegurar que se aprendió la lección y será inevitable ubicar al estado entre esas sociedades mediocres a las que le pasan cosas y siguen en las mismas, sin posibilidades reales de cambiar su realidad.
Lo peor de todo es que lo ocurrido se habrá convertido solo en un nuevo antecedente de lo que habrá de suceder... otra vez.

Transporte-Tabasco: Ajustes, alcances y triunfadores.

Posted on 8:43 by Hugo Triano Gomez | 0 comentarios


Hugo Triano Gómez.

La nueva ley de transporte en Tabasco es una realidad. Las conclusiones y las expectativas que generó son variadas y atienden varias vertientes. La fundamental debe ser la que se relaciona directamente con los usuarios.
Con la disposición hay que entender, básicamente se regularizan situaciones existentes como el servicio colectivo de taxis, que en adelante será reconocido por la ley como servicio compartido, así como el establecimiento de “sistemas de transporte eficientes y confortables” como en teoría debiera ser el transbus y establece un límite “razonable” para la antigüedad de las unidades que se emplean en el referido servicio. 
Ante la exigencia de eficiencia, el reglamento de la ley que el poder ejecutivo deberá emitir en las semanas siguientes cobra relevancia. Más en el caso de la subrayada durabilidad de las unidades, pues usarlas más de lo debido amén de una violación a la norma, puede derivar en accidentes que ameritarían sanciones ejemplares no solo a quienes las empleen sino también a quienes debiendo detectarlas para sacarlas de circulación no lo hagan.
El reglamento debe ser minucioso en la facultad de las policías para -coordinadamente con la autoridad estatal- realizar operativos caza piratas. Habrá que esperar que las manos no tiemblen a la hora de fijar los montos de las sanciones a los concesionarios que por ejemplo, ignoren la obligación de dotar a sus unidades de dispositivos de regulación de velocidad o a los operadores que hagan caso omiso a la indicación de respetarlos, en el entendido de que es la vida de las personas la que se pone en riesgo.
Que lo difundido en las redes sociales o los medios de comunicación sirva ahora como un elemento de defensa para los usuarios del transporte, gracias a que la SCT “adquirió” la facultad de iniciar de oficio una investigación por casos de presunto abuso, suena a cosa positiva… si se le da, claro, el enfoque de seriedad que la mejora del servicio requiere.
Destacado es también el hecho de que las concesiones y permisos a entregar en el futuro tengan que pasar por un procedimiento -un concurso- previa convocatoria pública y la evidente satisfacción de requisitos. Destaca porque hace suponer menos discrecionalidad, “acuerdos en lo oscurito”, componendas, acuerdos políticos, fraudes, anexos y conexos. Destaca si se piensa en lo que han logrado ciertos “líderes” y personajes metidos a la política que como inversionistas han visto en el sector la posibilidad llana del negocio en detrimento de quienes a ello se dedican. Destaca porque aunque la intención pudiera ser buena, en honor a la verdad su eficacia dependerá principalmente del gobernante en turno y de lo que quiera hacer con el sector. En otros términos, entregar concesiones y permisos por esta vía servirá para evidenciar en el futuro al gobernante que quiera volver a hacerlo sin reflectores, al amparo de las sombras…Y con los riesgos que ello encierra.
Políticamente las lecturas pueden ser de dos tipos. 
Por un lado parece haber razón, si se es estricto, en lo acuñado por la diputada priísta Mayté Dagdug respecto a que retirar de la iniciativa -tal cual y como su grupo quería- el perfil de idoneidad a cubrir por quienes aspiren a concesiones o permisos, es un triunfo para los priístas y una derrota para quien defendió la idea, el titular del sector José Antonio de la Vega.
Empero hay que observar que el “sacrificio” pudo valer la pena para quien lo permitió si se estiman sus alcances.
Que sea una ley consensuada -sacrificando a De la Vega- identifica plenamente a quienes avalaron la disposición -priístas y perredistas fundamentalmente- en aras de deslindar responsabilidades si todo termina en fiasco. Si se entregan resultados, serán del gobierno primero y de quienes avalaron después.
Lo que no puede echarse en saco roto es que por primera vez el verdadero ganador con la  aprobación de la nueva ley, -el gobernador Arturo Núñez- podrá presumir de haber marcado una diferencia de peso, indiscutible, respecto a su antecesor Andrés Granier y priístas en general.
Es Núñez ahora quien puede presumir de haber privilegiado el diálogo y hasta el final en el asunto, de haber cedido no teniendo porqué hacerlo, de respetar a las minorías, de darles su lugar. Una de las cosas que Granier Melo despreció para preferir ejercer el poder… hasta perderse.