2015: La primera elección.
Hugo
Triano Gómez.
Un cambio,
se ha reflexionado antes, supone mejoras pero no necesariamente las logra. Una
institución como el IFE mutado hacia el INE o el IEPCT vinculado ahora a aquél,
requieren más que un cambio de siglas y de rostros para hacerse de lo
fundamental: De credibilidad.
Claro que ambas cuentan con un marco legal renovado, extendido, pero
necesitarán ante todo de la verticalidad y el valor de sus miembros a la hora
de tomar decisiones, a la hora de evaluar las conductas de quienes los
impulsaron: Los partidos políticos y sus representantes en las cámaras
legislativas, que igual en el corto plazo serán nuevamente aspirantes a otros
cargos de elección popular. Es esa relación justamente la que hace difícil
pensar bien, confiar como se debiera en las instituciones.
El hecho
es que no puede permitirse más que los consejeros electorales sean “testigos
consecuentes” y por tanto cómplices de procederes que pongan -por
ejemplo- en riesgo la equidad de las contiendas. Advertir dicha escena y
aceptarla sin proceder, hacerlo pero sin rigor, reducirán los efectos de la
intentona de sentar precedentes y de sancionar con severidad que el electorado
le ha reclamado al legislador.
No pueden
más ser testigos de cómo se rebasan los montos de gastos de campaña y castigar
pírricamente a los responsables. La fiscalización de recursos deberá mostrar pues que el dispendio del que se goza y se sufre en los organismos
electorales -y los partidos- por lo menos fue empleado en algo real, en lo que
se espera la corrección del error de mantener a la alta estructura de una
instancia electoral, con casi todos los gastos pagados y percibiendo
remuneraciones que desde hace un buen lucen injustificadas en función a los
resultados que se han ofrecido.
De cara a
la designación de candidatos en los partidos, valdrá la pena observar la
posición que las instancias electorales asuman ante la posibilidad de que estos
sean investigados “obligadamente” por la PGR o en el caso local por la
PGJ para descartar algún posible nexo con grupos o actividades ilícitas. Será
interesante pues es factible que más de un actor político pueda sentirse
ofendido, asediado, perseguido con esa latente nueva medida. No debe
descartarse siquiera que ante la falta de reglamentación del asunto, alguno
pueda aducir actitudes discriminatorias u hostigamiento en su contra, dando al
traste con la intención de la idea.
¿Cuál debe
ser el mecanismo a emplear? ¿A todos debe aplicar? ¿A los cientos de
precandidatos o hasta que se hayan definido al menos a los abanderados por
partido? ¿Bastará con revisar la existencia de antecedentes no penales? ¿De cotejar
status financieros? ¿Son los exámenes de confianza una herramienta útil para el
asunto? ¿Qué garantías de imparcialidad y veracidad pueden ofrecerse? ¿Es el
CISEN el eslabón perdido en el caso, la piedra angular para el trabajo de las
procuradurías? ¿Quién debe pedir a quién la información?
Como es de
suponerse el papel de los gobiernos federal y estatal será fundamental para
aterrizar la idea, aprovechando los “ímpetus de apertura” que han
mostrado todos los partidos ante lo acontecido en Guerrero y Michoacán
principalmente. De nuevo, la cuestión es determinar si la directriz será
enmarcada como todo hace suponer desde el INE y los partidos o en el caso del
suelo choco desde el aún sobreviviente Acuerdo Político por Tabasco. De ese que
el PRI abandonó en pos de prepararse para la “guerra” del 2015 y que no
ha tenido mucho que ver últimamente con las “grandes decisiones para el
estado”.
Al final lo que se decida para tan importante
momento del proceso electoral dará luces respecto a lo que verdaderamente se
desea para la jornada del 7 de junio. ¿Se trascenderá a los hechos o todo
quedará de nuevo en amagos, intentos de avanzar o promesas?. No hay mucho
margen de maniobra -ni tiempo- para concretar la primera… elección.
