Transporte-Tabasco: Ajustes, alcances y triunfadores.
Hugo Triano Gómez.
La nueva
ley de transporte en Tabasco es una realidad. Las conclusiones y las
expectativas que generó son variadas y atienden varias vertientes. La
fundamental debe ser la que se relaciona directamente con los usuarios.
Con la
disposición hay que entender, básicamente se regularizan situaciones existentes
como el servicio colectivo de taxis, que en adelante será reconocido por la ley
como servicio compartido, así como el establecimiento de “sistemas de
transporte eficientes y confortables” como en teoría debiera ser el
transbus y establece un límite “razonable” para la antigüedad de las
unidades que se emplean en el referido servicio.
Ante la
exigencia de eficiencia, el reglamento de la ley que el poder ejecutivo deberá
emitir en las semanas siguientes cobra relevancia. Más en el caso de la
subrayada durabilidad de las unidades, pues usarlas más de lo debido amén de
una violación a la norma, puede derivar en accidentes que ameritarían sanciones
ejemplares no solo a quienes las empleen sino también a quienes debiendo
detectarlas para sacarlas de circulación no lo hagan.
El
reglamento debe ser minucioso en la facultad de las policías para
-coordinadamente con la autoridad estatal- realizar operativos caza piratas.
Habrá que esperar que las manos no tiemblen a la hora de fijar los montos de
las sanciones a los concesionarios que por ejemplo, ignoren la obligación de
dotar a sus unidades de dispositivos de regulación de velocidad o a los operadores
que hagan caso omiso a la indicación de respetarlos, en el entendido de que es
la vida de las personas la que se pone en riesgo.
Que lo
difundido en las redes sociales o los medios de comunicación sirva ahora como
un elemento de defensa para los usuarios del transporte, gracias a que la SCT “adquirió”
la facultad de iniciar de oficio una investigación por casos de presunto abuso,
suena a cosa positiva… si se le da, claro, el enfoque de seriedad que la mejora
del servicio requiere.
Destacado
es también el hecho de que las concesiones y permisos a entregar en el futuro
tengan que pasar por un procedimiento -un concurso- previa convocatoria pública
y la evidente satisfacción de requisitos. Destaca porque hace suponer menos
discrecionalidad, “acuerdos en lo oscurito”, componendas, acuerdos
políticos, fraudes, anexos y conexos. Destaca si se piensa en lo que han
logrado ciertos “líderes” y personajes metidos a la política que como
inversionistas han visto en el sector la posibilidad llana del negocio en
detrimento de quienes a ello se dedican. Destaca porque aunque la intención
pudiera ser buena, en honor a la verdad su eficacia dependerá principalmente
del gobernante en turno y de lo que quiera hacer con el sector. En otros
términos, entregar concesiones y permisos por esta vía servirá para evidenciar
en el futuro al gobernante que quiera volver a hacerlo sin reflectores, al
amparo de las sombras…Y con los riesgos que ello encierra.
Políticamente
las lecturas pueden ser de dos tipos.
Por un
lado parece haber razón, si se es estricto, en lo acuñado por la diputada
priísta Mayté Dagdug respecto a que retirar de la iniciativa -tal cual y como
su grupo quería- el perfil de idoneidad a cubrir por quienes aspiren a
concesiones o permisos, es un triunfo para los priístas y una derrota para
quien defendió la idea, el titular del sector José Antonio de la Vega.
Empero hay
que observar que el “sacrificio” pudo valer la pena para quien lo
permitió si se estiman sus alcances.
Que sea
una ley consensuada -“sacrificando” a De la Vega- identifica plenamente a quienes
avalaron la disposición -priístas y perredistas fundamentalmente- en aras de
deslindar responsabilidades si todo termina en fiasco. Si se entregan
resultados, serán del gobierno primero y de quienes avalaron después.
Lo que no
puede echarse en saco roto es que por primera vez el verdadero ganador con
la aprobación de la nueva ley, -el gobernador Arturo Núñez- podrá
presumir de haber marcado una diferencia de peso, indiscutible, respecto a su
antecesor Andrés Granier y priístas en general.
Es Núñez
ahora quien puede “presumir” de haber privilegiado el diálogo y hasta el final en el asunto, de haber cedido no
teniendo porqué hacerlo, de “respetar” a las minorías, de darles su lugar. Una de
las cosas que Granier Melo despreció para preferir ejercer el poder… hasta
perderse.
0 comentarios:
Publicar un comentario