Alberto Martínez Pérez.

El estado de derecho presupone para su existencia la conformación de tres elementos esenciales: población, territorio y gobierno; si alguno de estos elementos llega a faltar estamos ante la falta de un verdadero estado.

Los estados modernos además necesitan para considerarse como tales, la existencia de una Constitución que garantice la protección de los derechos humanos fundamentales del individuo que acorde a diversos tratadistas son preexistentes al mismo estado de derecho; es decir el estado no los otorga, únicamente puede reconocer su existencia y brindar una protección integral a estos; protección del poder público y de la fuerza pública, o sea, se debe proteger al individuo del aparato gubernamental en primer término, porque esta fuerza es la primera que puede perjudicar al individuo en su vida, posesiones y demás bienes con la legitimación de ser el poder público.

En México esta protección está reconocida en las llamadas garantías individuales, que brindan un mínimo de seguridad y bienestar a los mexicanos del abuso del poder público. Desgraciadamente el poder de los gobiernos, siempre tiende a tratar de minimizar esta protección a los ciudadanos y actualmente en el problema de la seguridad pública, ha logrado que actos inconstitucionales sean practicados por el gobierno federal en aras de preservar la mentada seguridad y evitar el tráfico de drogas y armas.

Los retenes se han vuelto una práctica común en todo el territorio nacional, con la aprobación del aparato gubernamental y hasta de muchos sectores de la población; cuando la constitución establece claramente que nadie puede ser molestado en su persona y sus bienes; si no es mediante orden escrita debidamente fundada y motivada; pese a ello, policías y ejercito detienen a discreción a cualquier vehículo aunque no haya infringido ninguna norma, sólo para revisar los mismos en busca de armas y drogas.

Lamentablemente en días pasados fueron acribillados a tiros dos jóvenes en el municipio de Jalpa de Méndez, por elementos del ejército mexicano y de la policía federal preventiva, en lo que parece y de lo poco que se sabe con certeza, fue un reten instalado y que no fue respetado por los jóvenes. Y aunque no se sabe aún con exactitud los detalles de lo sucedido y si esta versión es la correcta, la sociedad tabasqueña se encuentra indignada porque nada indica hasta ahora, que dichos jóvenes hayan sido personas dedicadas al crimen organizado o que hayan entablado una balacera en contra de la fuerza pública.

Luego, este suceso amén de lo que arrojen las investigaciones, indica un exceso en el uso de la fuerza pública y puede sumarse a los lamentables incidentes ocurridos en otros estados de la república en donde miembros del ejército han asesinado a personas sólo por pasarse un reten, en casos comprobados; así las cosas, pareciera que la consigna dentro del ejército mexicano es disparar a las personas que cometan el “crimen” de no respetar un reten; que además es inconstitucional.

Es deplorable entonces, que las muertes de estos dos jóvenes tabasqueños puedan sumarse a la estadística de muertos tal cual “ley fuga”; es decir, si te escapas pierdes el derecho de poder vivir, lo que en un estado de derecho es inadmisible y reprochable al extremo.

Esto no puede volver a repetirse en México, no importa que tengamos problemas de violencia hasta el cuello; no puede combatirse al crimen, disparando a quien no se ajuste a la regla del reten, porque estamos dejando de vivir en un Estado de Derecho, y empezamos a transitar a un modo de vida de “Barbarie”, de la Ley del más fuerte, a pasar de las instituciones al antojo de quien tiene el uso de la fuerza: “si hoy quiero te pongo un reten y si te lo pasas te mato”.

De comprobarse el uso de la fuerza indiscriminado sin justificación, más que haberse pasado un retén este crimen no debe quedar impune, debe ser castigado con las agravantes debidas y dar ejemplo a todo el ejército y policía de que no se puede hacer uso de la fuerza sólo por el miedo a encontrarse con miembros del crimen organizado; es necesario evitar este tipo de conductas, porque de otra forma se envía el mensaje equivocado a la población; que en México domina la ley del más fuerte, que el Gobierno no existe y por ello tampoco el Estado Mexicano.

El respeto al derecho a la vida no puede perderse en este País y menos de manos de quienes precisamente se encuentran para protegernos, por ello es importante que se revise el tema de los retenes y en su caso se legisle al respecto, desde la constitución si es necesario y posible. Tal vez puedan establecerse mecanismos para constitucionalizar esta práctica hasta ahora inconstitucional, sin perder de vista el respeto a los derechos humanos de las personas sujetas a dicha práctica.