Iván Triano Gómez

A cien años de haberse provocado el inicio de la guerra civil, conocida oficialmente como revolución, todo sigue igual en el escenario nacional.

Miseria, desempleo y desigualdad social imperan en el México de hoy, como hace cien años; a ello, sólo se suma una delincuencia organizada y con mayores recursos técnicos, que la que representaron los salteadores de caminos de inicios del siglo XX.

Se afirma que los “iniciadores” o al menos quienes públicamente se asumieron como líderes del movimiento, tomaron las armas con el propósito de encarnar la lucha por valores como la democracia y la justicia social.

Lo cierto es que las condiciones de miseria en el campo y la desigualdad social generalizada, así como las libertades políticas limitadas contribuyeron a que el eco de un llamado a la rebelión, produjera efectos en la población.

De este modo, la clase política emergente, con intereses convergentes con el de financieros y políticos extranjeros, advirtió la fuerza de la masa nacional inconforme, por lo que la usó a fin de obtener la desaparición del viejo orden porfirista e iniciar así la “fundación” del régimen “revolucionario”.

El método de los cuartelazos se agudizó a partir de 1910 hasta los inicios de la década de los treinta, en gran medida como reflejo de las disputas de facciones extranjeras que en suelo mexicano, de nuevo se enfrentaban.

En efecto, el “revolucionario” de “altura” (no la masa popular) que no atendía la imposición o “compromiso” con su padrino político (generalmente extranjero) era suplantado por otro dispuesto a hacer lo que fuera por obtener reconocimiento y legitimidad; así se tuviera que atentar contra la propia esencia nacional.

La dimisión del poder por parte de Porfirio Díaz, es un hecho que contribuye en el apoyo a tal afirmación.

Y es que si, supuestamente el principal interés del movimiento de 1910, fue obtener mayores libertades político democráticas, la renuncia del llamado dictador debió abrir la puerta y bastar para iniciar la solución definitiva de los males de la nación, por lo menos los operacionales, aquellos que permitieran atender de inmediato las demandas sociales del grueso de la nación.

Todos sabemos que no fue así.

Retirado Díaz del escenario político Nacional y no obstante que se dogmatizó el “sufragio efectivo, no reelección”y que se permitió incluso la participación –breve- de partidos políticos católicos como rasgo de esa apertura; la crisis política continuó, creció y se agudizó al grado de gestarse el magnicidio de Francisco Indalecio Madero, como principal síntoma de la podredumbre que subyacía en la vida política nacional, presionada y acosada desde el exterior.

¿Acaso no era Madero lo que aspiraba la sociedad Mexicana? Posiblemente sí, ¿pero quién no quiso al pomposamente llamado apóstol de la de democracia? fue precisamente el factor extranjero manipulador con poder para movilizar sus piezas locales, con base en sus intereses. Es decir, la voluntad popular fue olímpicamente defraudada.

Por honor a la verdad ni Madero ni otro cualquiera podría por sí mismo, haber solucionado en definitiva los males de la nación.

La crisis política vivida a inicios del siglo XX, obedeció a intereses político- económicos de alta esfera, maquillada con los males reales sufridos por los mismos de siempre: “los de abajo”.

Dicha clase desvalida, jamás pudo fraguar en su conciencia colectiva, ni material ni ideológicamente una guerra civil. Ésta, fue producto de un interés mayor, totalmente ajeno al bienestar nacional, apoyado desde luego en elementos humanos nacionales sin escrúpulos, dispuestos a vender el alma al diablo con tal de obtener poder terrenal a costa del bienestar de todos.

Luego, resulta ridículo prestarse a la veneración de actores de tal calaña.

Sólo los gobiernos “revolucionarios” descendientes políticos de aquéllos precursores, merecen seguir “celebrando”, pues son ellos quienes aún gozan del bienestar particular y hablan de austeridad con la mano en la cintura y a la vez perciben sueldos millonarios, mientras la mayoría sobrevive con sueldos de hambre.

El proceso democrático si es factible, es aún eso: un proceso. Después del mal que representó la guerra civil de 1910-1929 y setenta años de hegemonía de la llamada familia revolucionaria, sus efectos se siguen sintiendo.

Corresponde pues, lejos de frívolas y ridículas celebraciones, exigir más que nunca la revisión de la llamada representatividad política del ciudadano, establecer mecanismos de verdadera rendición de cuentas e inhabilitación de actores políticos que van y vienen en lo cargos; así como aumentar el poder político del ciudadano, limitado hasta ahora al voto.

Atención especial y urgente merecen además las políticas económicas, pues la moneda nacional mermada en su poder adquisitivo, lo único que provoca es motivar el efecto psicológico del acopio y el enriquecimiento ilícito por parte del gobernado, que por más que se esfuerce, no avanza en el plano material.

El riesgo que implica la miseria como caldo de cultivo de una nueva guerra civil, jamás fue “revolucionado” en beneficio de la sociedad. Por el contrario, lo que se ha suscitado hasta hoy y con la adopción de modelos económicos globalizadores es una involución.

Sólo al iniciar tales tareas, podremos tomar un breve descanso y quizás…celebrar.

Religión, Independencia y Unión.