Bodas gay: Entre la intolerancia y la educación inducida
Opinión
Alberto Martínez Pérez
La laicidad y el laicismo no son sinónimos, antes bien, la laicidad significa el respeto que deben tenerse tanto las religiones así como el Estado del cual formen parte y viceversa, mientras que el laicismo es la hostilidad o indiferencia que el Estado profesa en contra de la o las religiones que profesen sus habitantes.
Desgraciadamente el concepto de Estado Laico que las autoridades en el País proclaman es casi sinónimo de laicismo, y en sus actividades cotidianas los políticos se han encargado cada día más, de que el concepto de estado laico y laicismo sean entendidos por igual, a pesar de que esto signifique un retroceso para la libertad de expresión que debe imperar.
En efecto, y con la discusión generada a fines de 2009 por la legalización de los matrimonios “gay” y su derecho para adoptar hijos en el distrito federal, los diputados del PRD han alzado la voz para pedir sistemáticamente que el Clero Mexicano deje de opinar sobre el tema y que prácticamente los jerarcas de la Iglesia se callen.
Ante lo anterior surge la pregunta: ¿Por qué los políticos piden que tanto la Iglesia Católica y las diversas Iglesias que se han unido en rechazo a esta propuesta se callen?; ¿Acaso en una democracia no todos tenemos derecho a opinar sobre las decisiones que nuestros representantes llevan a efecto?.
Los legisladores del PRD argumentan que la campaña en contra del matrimonio “gay” genera actitudes “discriminatorias y homofóbicas”, pero no explican por qué el llamado de la Iglesia Católica ha sido hacia la discriminación y la homofobia, cuando al contrario muchos han escuchado los argumentos de las diversas Iglesias Cristianas, católicas, evangélicas y de otras denominaciones sin que alguna haya llamado a la población a tener sentimientos de odio, indiferencia o aversión hacia las personas de preferencia homosexual.
Esto es, las diversas iglesias cristianas se han pronunciado desde siempre por el respeto y amor hacia los homosexuales haciendo –eso sí- llamados en contra de la práctica del homosexualismo; o lo que en palabras de muchos ministros de culto significa: “Se debe amar al pecador, pero no a su pecado”. Así, la practica de la homosexualidad es condenada como pecado dentro de las diversas iglesias, pero siempre se habla del respeto que debe tenerse para con dichas personas; por tanto, y para efectos legales, nunca se ha fomentado abiertamente desde la religión la discriminación y la homofobia.
Por tanto, dicho argumento de los legisladores de izquierda es más un pretexto para tratar de callar a las iglesias cristianas sobre las críticas a las reformas realizadas a la legislación civil, solo que dicho proceder raya en la intolerancia que los mismos pregonan combatir.
Debemos insistir en que en una democracia es menester que todos los habitantes tengan el derecho a opinar sobre todos los temas de interés público, por tanto cuando se alega que un grupo determinado no tiene ese derecho, se violenta la libertad de expresión tan necesaria para ese grupo y para la colectividad, debido a que se priva a la mayoría de la oportunidad de conocer la información que ese grupo quiere proporcionar, para estar así en aptitud de tomar la mejor decisión.
Más de uno podrá alegar que en el caso de los ministros de culto, tienen la limitación constitucional en el artículo 130 para hablar de determinados temas como el presente, sobre una legislación como la de los los matrimonios gay, pero se vuelve a cuestionar ¿Acaso dicho artículo es una limitación constitucional para la libertad de expresión consagrada en el artículo 6ºto? ¿Si es una limitación constitucional, acaso la misma no va en contra del artículo 12 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos que habla sobre la libertad de conciencia y religión? ¿Acaso no es más conveniente para nuestro país, dar un paso adelante en materia de protección de derechos humanos y eliminar la limitante establecida en el artículo 130 constitucional, para además estar acorde al concierto internacional?
La limitante constitucional establecida en el artículo 130, ha logrado sostenerse en gran parte, debido al desconocimiento de gran parte de la historia de este país y porque a la mayoría de la población se le ha educado más en un concepto de laicismo que de laicidad. Para nadie es nuevo que desde las clases oficiales de historia de México, la Iglesia Católica aparece como causante o coadyuvante histórico del retraso nacional; como aquella que promovía la ignorancia en la población por el aborrecimiento de la ciencia, como aquella que acaparó la mayor parte de la riqueza nacional y el poder público. Así, nuestros políticos siempre encuentran pretexto para afirmar que, a la Iglesia Católica no debe permitírsele regresar a opinar sobre los temas de interés público, porque puede manipular a la población para su interés particular.
Lejos de querer refutar la percepción que muchos tienen sobre la Iglesia Católica y demás denominaciones religiosas, tan sólo podemos afirmar que si una Institución fue la que veló por la alfabetización y la educación de los habitantes de México después de la conquista, fue precisamente la iglesia con los misioneros católicos. La Iglesia fue la que realizó la primer defensa de los derechos humanos de los indígenas en estas tierras, al luchar por el reconocimiento de ellos como hijos de Dios y por ello como ciudadanos de la Corona Española; que si nuestro país ha estado enfrascado en el retraso, ha sido más por culpa de nuestros vecinos del Norte y a nuestros políticos que siempre han vendido sus intereses al mejor postor.
Luego, no existe motivación suficiente para que se siga coartando la libertad de expresión de los ministros de culto. En consecuencia debe permitirse que opinen sobre este y otros temas de interés, debemos confiar en que la ciudadanía asumirá la decisión que mejor le parezca, pero debemos cuidar el respeto a la libertad de cada uno a manifestar sus ideas, aunque no coincidamos con ellas.
Tampoco es dable afirmar bajo la idea de “Lo que es del Cesar al Cesar, y lo que es de Dios a Dios”, que los ministros de culto no deben opinar de temas de interés público, porque al parecer “violentan esta máxima divina al inmiscuirse en asuntos que no son de su templo”; esto ya corresponde a cada ministro de culto adoptarlo como quiera, y solo quedará en el ámbito de lo privado.
Por otra parte, y como paréntesis, muchos ministros de culto afirman que dicha frase no debe ser entendida en el sentido de que ellos no pueden hablar de plano de temas de interés públicos, sino que para ellos significa que la religión de cada uno, no debe ser un impedimento para cumplir con los deberes que se tienen para con la comunidad. Desde pagar los impuestos hasta pagar las deudas que se tengan con los vecinos.
La intolerancia debe combatirse. Muestra de ella es que en la discusión sobre el matrimonio “gay” se lanzaron descalificaciones como las expresadas por un legislador Perredista sobre un ministro de culto ya muerto por cierto (es fácil atacar a quien ya no puede defenderse), que afirmó que éste que tuvo un hijo; cuando esto sólo demuestra carencia de argumentos y que lo único que queda es tratar de desprestigiar al adversario.
En una democracia debemos evitar caer en insultos hacia aquellos que piensen diferente a nosotros, debemos aceptar que todos tienen derecho a opinar aunque muchos piensen lo contrario a lo propio; debemos velar (y hacer valer) con hechos la máxima de Voltaire: “Podré no estar de acuerdo contigo, pero defenderé hasta la muerte tu derecho a decirlo”.
Desgraciadamente el concepto de Estado Laico que las autoridades en el País proclaman es casi sinónimo de laicismo, y en sus actividades cotidianas los políticos se han encargado cada día más, de que el concepto de estado laico y laicismo sean entendidos por igual, a pesar de que esto signifique un retroceso para la libertad de expresión que debe imperar.
En efecto, y con la discusión generada a fines de 2009 por la legalización de los matrimonios “gay” y su derecho para adoptar hijos en el distrito federal, los diputados del PRD han alzado la voz para pedir sistemáticamente que el Clero Mexicano deje de opinar sobre el tema y que prácticamente los jerarcas de la Iglesia se callen.
Ante lo anterior surge la pregunta: ¿Por qué los políticos piden que tanto la Iglesia Católica y las diversas Iglesias que se han unido en rechazo a esta propuesta se callen?; ¿Acaso en una democracia no todos tenemos derecho a opinar sobre las decisiones que nuestros representantes llevan a efecto?.
Los legisladores del PRD argumentan que la campaña en contra del matrimonio “gay” genera actitudes “discriminatorias y homofóbicas”, pero no explican por qué el llamado de la Iglesia Católica ha sido hacia la discriminación y la homofobia, cuando al contrario muchos han escuchado los argumentos de las diversas Iglesias Cristianas, católicas, evangélicas y de otras denominaciones sin que alguna haya llamado a la población a tener sentimientos de odio, indiferencia o aversión hacia las personas de preferencia homosexual.
Esto es, las diversas iglesias cristianas se han pronunciado desde siempre por el respeto y amor hacia los homosexuales haciendo –eso sí- llamados en contra de la práctica del homosexualismo; o lo que en palabras de muchos ministros de culto significa: “Se debe amar al pecador, pero no a su pecado”. Así, la practica de la homosexualidad es condenada como pecado dentro de las diversas iglesias, pero siempre se habla del respeto que debe tenerse para con dichas personas; por tanto, y para efectos legales, nunca se ha fomentado abiertamente desde la religión la discriminación y la homofobia.
Por tanto, dicho argumento de los legisladores de izquierda es más un pretexto para tratar de callar a las iglesias cristianas sobre las críticas a las reformas realizadas a la legislación civil, solo que dicho proceder raya en la intolerancia que los mismos pregonan combatir.
Debemos insistir en que en una democracia es menester que todos los habitantes tengan el derecho a opinar sobre todos los temas de interés público, por tanto cuando se alega que un grupo determinado no tiene ese derecho, se violenta la libertad de expresión tan necesaria para ese grupo y para la colectividad, debido a que se priva a la mayoría de la oportunidad de conocer la información que ese grupo quiere proporcionar, para estar así en aptitud de tomar la mejor decisión.
Más de uno podrá alegar que en el caso de los ministros de culto, tienen la limitación constitucional en el artículo 130 para hablar de determinados temas como el presente, sobre una legislación como la de los los matrimonios gay, pero se vuelve a cuestionar ¿Acaso dicho artículo es una limitación constitucional para la libertad de expresión consagrada en el artículo 6ºto? ¿Si es una limitación constitucional, acaso la misma no va en contra del artículo 12 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos que habla sobre la libertad de conciencia y religión? ¿Acaso no es más conveniente para nuestro país, dar un paso adelante en materia de protección de derechos humanos y eliminar la limitante establecida en el artículo 130 constitucional, para además estar acorde al concierto internacional?
La limitante constitucional establecida en el artículo 130, ha logrado sostenerse en gran parte, debido al desconocimiento de gran parte de la historia de este país y porque a la mayoría de la población se le ha educado más en un concepto de laicismo que de laicidad. Para nadie es nuevo que desde las clases oficiales de historia de México, la Iglesia Católica aparece como causante o coadyuvante histórico del retraso nacional; como aquella que promovía la ignorancia en la población por el aborrecimiento de la ciencia, como aquella que acaparó la mayor parte de la riqueza nacional y el poder público. Así, nuestros políticos siempre encuentran pretexto para afirmar que, a la Iglesia Católica no debe permitírsele regresar a opinar sobre los temas de interés público, porque puede manipular a la población para su interés particular.
Lejos de querer refutar la percepción que muchos tienen sobre la Iglesia Católica y demás denominaciones religiosas, tan sólo podemos afirmar que si una Institución fue la que veló por la alfabetización y la educación de los habitantes de México después de la conquista, fue precisamente la iglesia con los misioneros católicos. La Iglesia fue la que realizó la primer defensa de los derechos humanos de los indígenas en estas tierras, al luchar por el reconocimiento de ellos como hijos de Dios y por ello como ciudadanos de la Corona Española; que si nuestro país ha estado enfrascado en el retraso, ha sido más por culpa de nuestros vecinos del Norte y a nuestros políticos que siempre han vendido sus intereses al mejor postor.
Luego, no existe motivación suficiente para que se siga coartando la libertad de expresión de los ministros de culto. En consecuencia debe permitirse que opinen sobre este y otros temas de interés, debemos confiar en que la ciudadanía asumirá la decisión que mejor le parezca, pero debemos cuidar el respeto a la libertad de cada uno a manifestar sus ideas, aunque no coincidamos con ellas.
Tampoco es dable afirmar bajo la idea de “Lo que es del Cesar al Cesar, y lo que es de Dios a Dios”, que los ministros de culto no deben opinar de temas de interés público, porque al parecer “violentan esta máxima divina al inmiscuirse en asuntos que no son de su templo”; esto ya corresponde a cada ministro de culto adoptarlo como quiera, y solo quedará en el ámbito de lo privado.
Por otra parte, y como paréntesis, muchos ministros de culto afirman que dicha frase no debe ser entendida en el sentido de que ellos no pueden hablar de plano de temas de interés públicos, sino que para ellos significa que la religión de cada uno, no debe ser un impedimento para cumplir con los deberes que se tienen para con la comunidad. Desde pagar los impuestos hasta pagar las deudas que se tengan con los vecinos.
La intolerancia debe combatirse. Muestra de ella es que en la discusión sobre el matrimonio “gay” se lanzaron descalificaciones como las expresadas por un legislador Perredista sobre un ministro de culto ya muerto por cierto (es fácil atacar a quien ya no puede defenderse), que afirmó que éste que tuvo un hijo; cuando esto sólo demuestra carencia de argumentos y que lo único que queda es tratar de desprestigiar al adversario.
En una democracia debemos evitar caer en insultos hacia aquellos que piensen diferente a nosotros, debemos aceptar que todos tienen derecho a opinar aunque muchos piensen lo contrario a lo propio; debemos velar (y hacer valer) con hechos la máxima de Voltaire: “Podré no estar de acuerdo contigo, pero defenderé hasta la muerte tu derecho a decirlo”.
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