Si alguna duda cabía, la evidencia desveló los misterios. El Gobierno Granierista tiene total interés en la sigilosa renovación del consejo del ITTAIP y tiene para ello, “orquestando” directamente el relevo, a uno de sus “hombres fuertes”.

¡No! este no es un trabajo encomendado al Secretario de Gobierno Humberto Mayans, sí a quien en la discreción exigida para el caso, ha “encuadrado en” y “dotado de” legalidad las decisiones más controversiales de su jefe: Andrés Granier.

Imposible resulta por ejemplo y pese a las negativas en público, no vincular a la consejería jurídica y a su titular Miguel Alberto Romero Pérez, con el intento logrado en 2008 de retrasar unos meses la entrada en vigor de la ley de transparencia; así como desvincular ahora la controversia que el Congreso local “promovió” ante la Corte para dirimir qué ley impera, si la de fiscalización o la referida de transparencia, ganando más tiempo para evitar explicar el saldo de “deudores diversos” del gobierno Granierista.

Amén de elementos subjetivos y a la luz de las evidencias, la mano de Romero Pérez en la “definición que se avecina” -la de la renovación en el ITTAIP- no puede ocultarse.

Y es que si bien, no se espera tampoco una confirmación formal a los trascendidos, los ases bajo la manga en esta sucesión han comenzado a asomarse en la baraja del gobierno estatal. En esta lógica se señala como “posibles” nuevos consejeros a gente con “experiencia”. . . pero en la administración pública, más que en el “manejo” de la información.

Los nombres que hasta ahora han aparecido, en virtud de que todo apunta a que no habrá ratificación, son los del Director Jurídico del Congreso del Estado, “posición” de José Carlos Ocaña y del PRI: Enrique Pons Franco, de quien también se sabe fue en el inicio del sexenio, asesor jurídico en la Consejería Jurídica de la que ya se habló; además de ser electo por la legislatura anterior consejero suplente del ITTAIP, específicamente de Arturo Peña.

En paralelo aparece el nombre de Martín Berdeja Rivas, cuyos antecedentes señalan que es licenciado en derecho con “apenas” 6 años en la administración pública, luego de su paso de 4 años por el sector privado. Lo más relevante que aparentemente ha logrado a propósito de su ejercicio en el gobierno, es haber sido nombrado -no hace mucho- titular de la Unidad de Acceso a la Información Pública… de la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo, la que en efecto encabeza Miguel Alberto Romero Pérez.

Un caso no menos interesante lo representa Luis Martínez Esperón quien además de abogado, presume en su currícula, 16 años de experiencia en la administración pública, así como ser Subconsejero de legislación y estudios normativos de… ¿que cree? la consejería jurídica del Poder Ejecutivo. La que –por si no ha quedado claro- dirige Miguel Alberto Romero Pérez.

Por si fuera poco, otros 2 nombres estarían siendo revisados en aras de “cubrir” las expectativas para el cargo, del Gobernador –único facultado legal para enviar las ternas al Congreso-.

Uno de ellos es el del abogado José Alberto “Chebeto” del Rivero, secretario de prensa y propaganda de la campaña a la gubernatura de Roberto Madrazo, ex director del trabajo y previsión social del gobierno, parte de la terna final para Presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, que al final se le dio a Manuel Argáez y que próximamente se sabe, publicará en coautoría un nuevo libro en materia de derecho. Curiosamente con quien compartirá créditos el ahora ex funcionario, es con el a estas alturas multicitado consejero jurídico: Miguel Alberto Romero Pérez.

La quinta carta en el póker de la sucesión que se avecina, la representaría la actual titular de la Junta local de Conciliación y arbitraje Glenda Gómez Domínguez de quien también se sabe mantiene vínculos permanentes con el Gobierno estatal y sus áreas legales como la consejería jurídica, en aras de evitar conflictos laborales que pudieran generar conflictos a las tareas del gobierno en general.

Así las cosas, y a reserva de que los tiempos corroboren los trascendidos, la renovación del consejo del ITTAIP parece enfilarse hacia otra disyuntiva. Sin duda a la de la sustitución de los actuales consejeros, pero con personajes con vínculos firmes, claros y públicos con la Consejería jurídica y la administración Estatal, el principal “sujeto obligado” de la ley de transparencia en Tabasco. ¿Qué beneficios traería algo así a un organismo que por definición debe ser independiente y autónomo? Sin duda no muchos.

Al tiempo, al tiempo quedará la definición, pero también… sus consecuencias.