ANJ: Capítulo 2.

Posted on 6:35 by Hugo Triano Gomez | 0 comentarios

Hugo Triano Gómez.




A como el año pasado, el informe anual de actividades del gobernador Arturo Núñez tuvo anuncios que se cuentan con una sola mano. Esta vez hubo uno más que en 2013, sin olvidar que no todos son siempre buenas noticias. Con la exposición Nuñista quedó claro que hay asuntos de primer orden que siguen siendo “cosa pendiente”, en tanto que para los amantes de las entre líneas también hubo “hebritas para jalar”.
Como ha sido su estilo político, Núñez volvió a mostrarse sobrio en lo personal, aunque esta vez ligeramente afectado de las cuerdas vocales y raro en él, con detalles a la hora de la pronunciación.
El anuncio del día fue en efecto el de que en 2015 será posible eliminar el IEV. Los argumentos de que se hará sin comprometer la viabilidad financiera, que la decisión va de la mano del aumento en la recaudación y de la baja en el nivel de endeudamiento, era lógico que aparecieran considerando que la “quiebra heredada” fue la razón expuesta para no hacerlo antes. Claro que la crítica por hacerlo en el año de nuevas elecciones está vista desde hace un buen y aunque no hay una restricción legal para hacerlo en dichos tiempos, el gobierno Nuñista decidió hacerlo así asumiendo los costos, si es que los llega a haber.
El segundo anuncio y quizás el de mayor alcance, fue el del reconocimiento de que las participaciones federales para el estado (las directas) seguirán cayendo en los años por venir. Es de entenderse que ahora -y después- las baterías deberán mantenerse enfocadas en el fondo de extracción de hidrocarburos y en los mecanismos que puedan servir para revertir los efectos de la reforma fiscal del 2008, que con el paso del tiempo hará más evidentes las “pérdidas” de estados como Tabasco.
Un tercer anuncio que en realidad es admitir que no se ha logrado nada, es el relacionado con la deuda histórica que mantienen los tabasqueños con la CFE por el consumo de energía eléctrica. Decir que “hace falta que el órgano de gobierno de la Comisión Federal avale el acuerdo para obtener una solución” es equivalente a ello o a decir que la administración tabasqueña ya aportó los elementos necesarios, pero que no ha logrado convencerlos. 
El asunto que se ubica entre los -principales- pendientes es el de las investigaciones contra el anterior gobierno. Si bien hay 64 averiguaciones, bienes y cuentas aseguradas, los resultados siguen haciéndose esperar, mientras que el paso de los meses hace temer que estos no sean los esperados, los prometidos. 
De los poco más de diez mil millones de pesos que se reclaman no hay mucho qué decir, más que el bien que le harían a las arcas públicas estatales.
Para Núñez sectores como el agropecuario, el de desarrollo social, educación, salud y hasta el de deportes le han dado resultados. Se atrevió a señalar que han sido rescatados. Dichas ideas hacen pensar en que los cambios augurados para el gabinete no pasarán por allí.
Con un sentido distinto lucen los de la obra pública y el de comunicaciones y transportes. 
Núñez destacó en el caso del primero que las empresas locales han sido privilegiadas en lo hecho hasta ahora y en el de la segunda que la recién aprobada ley en la materia es un logro auténtico. Jalando hebras bien podrían apreciarse las referencias como la afirmación de que la tarea principal en ambos sectores está hecha. Que mantener a los titulares ya no es indispensable, vital para la dinámica de ambas. Dicho en otras palabras, las dos dependencias lucen sin problemas para estrenar titular a la brevedad, sea por las causas de fondo que fueren.
Que el paquete económico vaya a ser orientado de nuevo en 60% al llamado desarrollo social y el combate a la pobreza en 2015 como también se sostuvo, puede no gustar en la extensión de la palabra si se piensa en lo que se deja de hacer y en las posibles implicaciones del “regreso” de un papá gobierno, ese que paradójicamente procurando un bien contribuyó a la formación de hijos desobligados que prefirieron extender la mano a mantener el esfuerzo por lograr un mejor estadio de vida. 
Nadie discute la necesidad de atender con prioridad a las zonas marginadas y a los grupos vulnerables, pero de eso a lucrar con la pobreza y a incluir a quienes no lo merecen hay una gran diferencia, una que desvirtúa cualquier buena intención y convierte en charlatán a quien se presume como benefactor. Es verdad, si esa tarea se hubiera hecho adecuada y puntualmente, Tabasco estaría pensando en otros escenarios. No estaría aspirando apenas a alcanzar un anhelado “futuro promisorio”.
Al final lo que queda es esperar la llamada consolidación de los primeros años del gobierno Nuñista, resultados de las inversiones, de las actividades a las que se ha decidido apostar. Un mejoramiento en los diversos indicadores de medición partiendo del sector educativo que debiera redundar en años en una auténtica posibilidad de emplearse para los que hoy apenas crecen. Seguridad de la mano. 
No, no es esperar milagros, es reconocer que nadie podría declararse molesto porque a su lugar de origen, por fin pueda… irle bien.

2015: La primera elección.

Posted on 8:46 by Hugo Triano Gomez | 0 comentarios


                                                                          Hugo Triano Gómez. 


Un cambio, se ha reflexionado antes, supone mejoras pero no necesariamente las logra. Una institución como el IFE mutado hacia el INE o el IEPCT vinculado ahora a aquél, requieren más que un cambio de siglas y de rostros para hacerse de lo fundamental: De credibilidad.
Claro que ambas cuentan con un marco legal renovado, extendido, pero necesitarán ante todo de la verticalidad y el valor de sus miembros a la hora de tomar decisiones, a la hora de evaluar las conductas de quienes los impulsaron: Los partidos políticos y sus representantes en las cámaras legislativas, que igual en el corto plazo serán nuevamente aspirantes a otros cargos de elección popular. Es esa relación justamente la que hace difícil pensar bien, confiar como se debiera en las instituciones. 
El hecho es que no puede permitirse más que los consejeros electorales sean “testigos consecuentes” y por tanto cómplices de procederes que pongan -por ejemplo- en riesgo la equidad de las contiendas. Advertir dicha escena y aceptarla sin proceder, hacerlo pero sin rigor, reducirán los efectos de la intentona de sentar precedentes y de sancionar con severidad que el electorado le ha reclamado al legislador.
No pueden más ser testigos de cómo se rebasan los montos de gastos de campaña y castigar pírricamente a los responsables. La fiscalización de recursos deberá mostrar pues que el dispendio del que se goza y se sufre en los organismos electorales -y los partidos- por lo menos fue empleado en algo real, en lo que se espera la corrección del error de mantener a la alta estructura de una instancia electoral, con casi todos los gastos pagados y percibiendo remuneraciones que desde hace un buen lucen injustificadas en función a los resultados que se han ofrecido.
De cara a la designación de candidatos en los partidos, valdrá la pena observar la posición que las instancias electorales asuman ante la posibilidad de que estos sean investigados “obligadamente” por la PGR o en el caso local por la PGJ para descartar algún posible nexo con grupos o actividades ilícitas. Será interesante pues es factible que más de un actor político pueda sentirse ofendido, asediado, perseguido con esa latente nueva medida. No debe descartarse siquiera que ante la falta de reglamentación del asunto, alguno pueda aducir actitudes discriminatorias u hostigamiento en su contra, dando al traste con la intención de la idea.
¿Cuál debe ser el mecanismo a emplear? ¿A todos debe aplicar? ¿A los cientos de precandidatos o hasta que se hayan definido al menos a los abanderados por partido? ¿Bastará con revisar la existencia de antecedentes no penales? ¿De cotejar status financieros? ¿Son los exámenes de confianza una herramienta útil para el asunto? ¿Qué garantías de imparcialidad y veracidad pueden ofrecerse? ¿Es el CISEN el eslabón perdido en el caso, la piedra angular para el trabajo de las procuradurías? ¿Quién debe pedir a quién la información?
Como es de suponerse el papel de los gobiernos federal y estatal será fundamental para aterrizar la idea, aprovechando los “ímpetus de apertura” que han mostrado todos los partidos ante lo acontecido en Guerrero y Michoacán principalmente. De nuevo, la cuestión es determinar si la directriz será enmarcada como todo hace suponer desde el INE y los partidos o en el caso del suelo choco desde el aún sobreviviente Acuerdo Político por Tabasco. De ese que el PRI abandonó en pos de prepararse para la “guerra” del 2015 y que no ha tenido mucho que ver últimamente con las “grandes decisiones para el estado”.
Al final lo que se decida para tan importante momento del proceso electoral dará luces respecto a lo que verdaderamente se desea para la jornada del 7 de junio. ¿Se trascenderá a los hechos o todo quedará de nuevo en amagos, intentos de avanzar o promesas?. No hay mucho margen de maniobra -ni tiempo- para concretar la primera… elección.

Tabasco: 7 años después.

Posted on 11:08 by Hugo Triano Gomez | 0 comentarios


Hugo Triano Gómez. 


Cuando hace 7 años Villahermosa sufría la “más grande” inundación de su época reciente, pocos imaginaron lo que terminaría sucediendo. Lo que los tabasqueños exhibirían para bien y para mal, desde el lado de los gobernantes hasta el de los de a pie, los comunes y corrientes.
Aquellos tiempos fueron difíciles por cuanto hace a una catástrofe, aunque más si se considera que la ciudad capital fue tan vulnerada como sus principales detractores jamás habrían soñado. La agravante se hizo realidad cuando hubo elementos para fijar en el colectivo tabasqueño, la idea de que el gobierno de Andrés Granier tuvo información puntual de lo que venía y no actuó como debía.
Ya sea por negligencia criminal, por incapacidad crónica o por una indiferencia propia de los apátridas, mucho -muchísimo- se fue al agua y con ello el hambre por el dinero, el oportunismo, el agandalle y la discriminación hicieron su aparición. Tabasco llegó entonces al punto más alto de su calamidad.
Desde esa vez el discurso no cambió y lo que ocurrió con el entonces responsable de la hegemonía gubernamental es historia. Una historia sin juzgar -fehaciente y suficientemente- por cierto.
Como en su oportunidad se sostuvo, el gabán de la impunidad tendió su manto y terminó por ocultar todo lo posible respecto a la tragedia. No hubo un solo responsable físico. La deidad, la normalidad de la planicie y el pantano, si acaso.
A más de un sexenio de distancia lo que queda es reflexionar sobre las enseñanzas que dejó la catástrofe. ¿Está la entidad verdaderamente preparada para enfrentar nuevas e inevitables avenidas de agua? ¿La versión de dragado de ríos hechos y avances en obras de infraestructura de protección tiene el aval de la administración estatal, responsable primera de la seguridad de los que aquí habitan?
¿Son suficientes los 1500 millones de pesos previstos como inversión para el 2015? ¿Cómo validar la efectividad de los 12 mil millones destinados desde 2007? ¿Todo lo invertido correspondió a lo trazado, a lo necesario?
¿Realmente es considerada la opinión de la representación estatal en el manejo del sistema de presas dependiente del Comité Técnico de Operación de Obras Hidráulico Regional como tanto se peleó o tendrá que esperarse a la siguiente eventualidad para dar constancia de ello?
¿El atlas de riesgo por inundación que la CONAGUA dijo haber diseñado, es efectivamente del conocimiento del Estado y más importante aún, de los municipios? ¿Permeó a quien debe, a la gente  común? ¿Saben cómo reaccionar ante las eventualidades, son conscientes ya los tabasqueños que una evacuación no es opcional sino un protocolo que no permite opiniones o deseos de terceros? ¿Existiría -ahora sí -la seguridad en el resguardo de las propiedades de quienes tuvieran que abandonar sus casas por obligación?
¿La protección civil se adoptó de verdad tras aquello que sucedió? ¿La importancia alcanzó lo real o solo sigue figurando en los discursos y en la temporada de precipitaciones?
¿Cesaron los rellenos irregulares? ¿El ordenamiento urbano adoptó un nuevo cauce o solo sustituyó a los cómplices de las consecuencias que en adelante podrían pagarse?
¿Hoy habría más solidaridad, menos rapiña para con los afectados? ¿La emergencia estaría blindada ante los negativos efectos de la grilla que suele pervertir todo lo que toca?
Sean las que sean las respuestas a las interrogantes, lo cierto es que si la mayoría apunta a una negativa, será insostenible asegurar que se aprendió la lección y será inevitable ubicar al estado entre esas sociedades mediocres a las que le pasan cosas y siguen en las mismas, sin posibilidades reales de cambiar su realidad.
Lo peor de todo es que lo ocurrido se habrá convertido solo en un nuevo antecedente de lo que habrá de suceder... otra vez.

Transporte-Tabasco: Ajustes, alcances y triunfadores.

Posted on 8:43 by Hugo Triano Gomez | 0 comentarios


Hugo Triano Gómez.

La nueva ley de transporte en Tabasco es una realidad. Las conclusiones y las expectativas que generó son variadas y atienden varias vertientes. La fundamental debe ser la que se relaciona directamente con los usuarios.
Con la disposición hay que entender, básicamente se regularizan situaciones existentes como el servicio colectivo de taxis, que en adelante será reconocido por la ley como servicio compartido, así como el establecimiento de “sistemas de transporte eficientes y confortables” como en teoría debiera ser el transbus y establece un límite “razonable” para la antigüedad de las unidades que se emplean en el referido servicio. 
Ante la exigencia de eficiencia, el reglamento de la ley que el poder ejecutivo deberá emitir en las semanas siguientes cobra relevancia. Más en el caso de la subrayada durabilidad de las unidades, pues usarlas más de lo debido amén de una violación a la norma, puede derivar en accidentes que ameritarían sanciones ejemplares no solo a quienes las empleen sino también a quienes debiendo detectarlas para sacarlas de circulación no lo hagan.
El reglamento debe ser minucioso en la facultad de las policías para -coordinadamente con la autoridad estatal- realizar operativos caza piratas. Habrá que esperar que las manos no tiemblen a la hora de fijar los montos de las sanciones a los concesionarios que por ejemplo, ignoren la obligación de dotar a sus unidades de dispositivos de regulación de velocidad o a los operadores que hagan caso omiso a la indicación de respetarlos, en el entendido de que es la vida de las personas la que se pone en riesgo.
Que lo difundido en las redes sociales o los medios de comunicación sirva ahora como un elemento de defensa para los usuarios del transporte, gracias a que la SCT “adquirió” la facultad de iniciar de oficio una investigación por casos de presunto abuso, suena a cosa positiva… si se le da, claro, el enfoque de seriedad que la mejora del servicio requiere.
Destacado es también el hecho de que las concesiones y permisos a entregar en el futuro tengan que pasar por un procedimiento -un concurso- previa convocatoria pública y la evidente satisfacción de requisitos. Destaca porque hace suponer menos discrecionalidad, “acuerdos en lo oscurito”, componendas, acuerdos políticos, fraudes, anexos y conexos. Destaca si se piensa en lo que han logrado ciertos “líderes” y personajes metidos a la política que como inversionistas han visto en el sector la posibilidad llana del negocio en detrimento de quienes a ello se dedican. Destaca porque aunque la intención pudiera ser buena, en honor a la verdad su eficacia dependerá principalmente del gobernante en turno y de lo que quiera hacer con el sector. En otros términos, entregar concesiones y permisos por esta vía servirá para evidenciar en el futuro al gobernante que quiera volver a hacerlo sin reflectores, al amparo de las sombras…Y con los riesgos que ello encierra.
Políticamente las lecturas pueden ser de dos tipos. 
Por un lado parece haber razón, si se es estricto, en lo acuñado por la diputada priísta Mayté Dagdug respecto a que retirar de la iniciativa -tal cual y como su grupo quería- el perfil de idoneidad a cubrir por quienes aspiren a concesiones o permisos, es un triunfo para los priístas y una derrota para quien defendió la idea, el titular del sector José Antonio de la Vega.
Empero hay que observar que el “sacrificio” pudo valer la pena para quien lo permitió si se estiman sus alcances.
Que sea una ley consensuada -“sacrificando” a De la Vega- identifica plenamente a quienes avalaron la disposición -priístas y perredistas fundamentalmente- en aras de deslindar responsabilidades si todo termina en fiasco. Si se entregan resultados, serán del gobierno primero y de quienes avalaron después.
Lo que no puede echarse en saco roto es que por primera vez el verdadero ganador con la  aprobación de la nueva ley, -el gobernador Arturo Núñez- podrá presumir de haber marcado una diferencia de peso, indiscutible, respecto a su antecesor Andrés Granier y priístas en general.
Es Núñez ahora quien puede “presumir” de haber privilegiado el diálogo y hasta el final en el asunto, de haber cedido no teniendo porqué hacerlo, de “respetar” a las minorías, de darles su lugar. Una de las cosas que Granier Melo despreció para preferir ejercer el poder… hasta perderse.

Caso Jalpa: Enseñanzas, causas y posibilidades.

Posted on 8:35 by Hugo Triano Gomez | 1 comentarios



Hugo Triano Gómez.



 Quienes crean que el asunto del alcalde de Jalpa Domingo García y sus regidores, debe sobre todas las cosas dejar enseñanzas, están en lo cierto.
No es pues la idea de la remoción de un cabildo ante un desacato judicial -que ahora se sostiene no se dio- algo que debería alegrar a afines y contrarios al Jalpaneco. El suceso mueve a más, a observar situaciones que han acontecido durante mucho tiempo en casi todos los municipios del país. Es por principio de cuentas un asunto de leyes, aunque también de orden, de administración, de decisiones, de poder y aunque no se quiera de las antítesis de dichos conceptos.
Curioso puede resultar a todo esto el hecho de que el gobierno del estado haya “salido” a la defensa del cuerpo edilicio sosteniendo lo que la administración municipal debió difundir desde el principio: Que uno de los tres trabajadores demandantes recibió un primer pago parcial de lo ordenado por la justicia federal, algo así como una muestra de buena voluntad, a lo que no obstante la autoridad no emplazó. Llama la atención porque si bien el asunto es de gobernabilidad y por tanto de interés de la secretaría de gobierno, el titular del área Raúl Ojeda lució más resuelto a “calmar las aguas” que los propios afectados, en lo que algunos estrictos observadores de la autonomía municipal podrían considerar una injerencia. 
La llama más porque fue el mismo encargado de la política interna de la entidad, el “valiente” que se atrevió a sostener que así como en Jalpa, en los demás municipios con problemas para pagar laudos, los que antecedieron a los actuales gobernantes actuaron deliberadamente en aras de no cumplir sus obligaciones, o lo que es lo mismo, de echarle la bolita a otros… a los que les sucederían. 
Nadie puede decir a este respecto que acaba de descubrir el hilo negro, incluso los que aspiraban a las alcaldías; no obstante hablar de deliberación como hizo Ojeda, hace suponer que hay elementos para probar el dicho y proceder en el ánimo de -si es posible- sentar precedentes.
Ahora bien, en el fondo debe apreciarse la conducta en la que los munícipes muchas veces han incurrido. El abuso de poder, tomando decisiones “convenientes” electoralmente -como contratar a su gente- en detrimento de otras, pasando por encima de lo que ordena la ley a la hora de terminar relaciones laborales, más la negativa de aceptar sus errores, han cobrado históricamente facturas muy elevadas afectando a los ya de por sí limitados presupuestos municipales. En otras palabras, no debe perderse de vista que en el caso Jalpa no está a discusión ya quién ganó el laudo -que fueron los ex trabajadores- si no porqué no se les ha pagado aún. 
El lado afortunado del caso -para la opinión pública- es que gracias al conflicto en Jalpa hoy se calcula, según datos de la Secretaría de gobierno, que los municipios de Tabasco adeudan tan solo por laudos laborales más de mil millones de pesos. Lo malo es que desde ya -se sabe- no hay solvencia económica para hacerles frente y no se tiene una idea más clara para resolverlo que pedirle al Congreso y el gobierno federal un rescate disfrazado del mote que se le quiera dar. ¿A cambio de qué? ¿A cambio de más facilidades para explotar Tabasco tras la reforma energética? serán la preguntas iniciales y obligadas.
Tampoco puede pensarse que la gestión será sencilla cuando la tónica de los municipios es casi la misma en el país, situando todo en la lógica de que si a uno se le apoya, tendrá que tendérsele la mano a todos. 
Aferrarse al lado eficiente de los gobiernos municipales para ganar adeptos federales a la causa, podría ser una buena opción…en Utopía. Desafortunadamente son pocos los resultados que desde Tabasco podrían ofrecerse. Pocos cuando hay administraciones que se mantienen en la opacidad presupuestal, endeudados con la banca comercial y -eso sí- sin bajarle a los emolumentos del edil, su primera dama y los regidores. Cuando lo que queda a la vista es que lo que no dan ganas de pagar, son los salarios caídos de los ex trabajadores. Cuando no se plantea de forma paralela a pedir un rescate, la necesidad de ajustar-cuidar mediante la ley este tipo de deudas y quizás de proteger más la institución del Ayuntamiento, esa que los propios alcaldes han… debilitado.

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