Caso IEM: Coyunturas a la vista.
La determinación de incompatibilidad es de
acuerdo a los preceptos legales más antiguos, un instrumento para procurar la
eficiencia de algún funcionario, legislador o gobernante, uno que busca
mantener la independencia de actuar, que sirve para librarlo de conflictos de
interés; en suma, es una herramienta para combatir la corrupción. En el caso de
Leticia Romero Rodríguez, la Directora del Instituto de la Mujer en Tabasco, no
tiene porqué ser distinto.
Por ello es importante distinguir que si bien
la acusación contra la ex consejera local del IFE ha subido de tono, y hasta
pudiera considerarse de tipo político, no presenta indicios de ser misógina.
Incursionar en ese terreno amén de peligroso no haría más que distraer la
atención de lo verdaderamente importante: Aclarar el asunto.
Ahora parece tarde reparar en el hecho de que
meter al IEM en la dinámica del escándalo, de la duda, no favorece a nadie.
Empero el mismo gobierno de Arturo Núñez permitió que un instituto en
consolidación fuera tomado como “sparring”.
Y es que desde el principio la escena
seguramente fue calculada por el gobernante tabasqueño, promotor legal y “tradicional”
-por aquello del dedo- de la llegada de Romero Rodríguez a la dirección del IEM
y sin embargo decidió correr el riesgo. No es posible, ni por error, sostener
que Núñez no conocía de los vínculos académicos de la Doctora con más de una
Universidad y del aspecto ético de la “cosa” y sin embargo no le “sugirió”
solicitar al menos una licencia, ya no se diga de su parentesco político con el
Secretario de educación: Rodolfo Lara Lagunas. Ahí están las consecuencias.
Dejando de lado el poder fáctico, es vital
entender que a estas alturas los que deben aparecer son los dictámenes de compatibilidad
que debió realizar la contraloría estatal y las instancias federales que
etiquetan recursos para el ejercicio del organismo, en aras de despejar las
dudas. Haberlos omitido significará un nuevo traspié al dicho del gobierno de
querer hacer bien las cosas.
También vale la pena decir que en apariencia
no hay aún algún indicio para iniciar una causa penal contra Romero Rodríguez;
que todo se mantiene en el ámbito de lo administrativo y en la preocupación
-sí- de que un conflicto de intereses pudiera afectar su trabajo y abrirle la
puerta a favorecerse económicamente, de forma indebida.
Paralelamente el lado ético del asunto apunta
a reconocer que la Doctora Romero ni es una funcionaria con todas sus baterías
puestas en el IEM, ni es mentora de la UJAT de tiempo completo, aunque cobre
como tal; aunque la Universidad la justifique y la defina como tal.
¿Porqué si otros funcionarios como la ex
subsecretaria de educación media superior y superior Miriam Carolina Martínez
López, “recurrió” a su año sabático ante el mismo Alma Mater para
dedicarse a la encomienda que tenía en frente, nadie más opta por hacerlo? En
la manera de querer comprometerse con una causa, es posible encontrar la
respuesta.
Quizás lo que debiera aprovecharse con todo
esto, es la coyuntura que se abrió. Dejar de ser laxos -desde la ley- no
exigentes con los funcionarios públicos y permitirles hacer lo que sus
conciencias les dicten. Basta hacer memoria sobre el actuar de un sin fin de
ellos, para ponerle rostro a la máxima aquella de que “les dieron la mano y
se agarraron el pie”. En otras palabras, ante la necesidad de resultados en
un estado como Tabasco ¿quién se opondría a exigirle a los funcionarios, un
compromiso total de forma y fondo con lo que hacen, a que decidan si desean mantener
su prestigio privado o darle el carácter de apostolado a la administración
pública?.
Empero en el pantano todo suele significar un
mayor esfuerzo. Será difícil que los diputados puedan ponerle freno a casos
como este, cuando ellos mismos no han dejado de saltar de posición en posición
y quizás más adelante puedan verse inmersos en algo similar. Dicho sea de paso,
es factible que ante un posible nuevo triunfo de la izquierda en las elecciones
intermedias, Leticia Romero sea ratificada 3 años más al frente del
instituto.
De colofón habrá que decir que también algunas
falsedades parecen haberse colado al asunto, desnudando el interés político del
que se habló al principio. Es el caso de las denunciadas ganancias acumuladas
por la directora del IEM y que según su antagonista -dirigente del panal y
ocupante de una de las carteras del SNTE- Juan Jacinto Bautista, rebasa los 101
mil pesos colocándola por encima de lo que el mismísimo gobernador Núñez recibe
cada mes.
Baste mencionar que lo irregular sería que por
su solo actuar en el gobierno, la dama obtuviera mayor remuneración que el jefe
del ejecutivo tabasqueño, cosa que no sucede. De nuevo mejor habría que retomar
-desde el Congreso- el proyecto aquél de la ley de salarios máximos que la
misma plutocracia tabasqueña frenó hace unos años y que impidió revisar al
menos de una manera profunda, el asunto de sueldos y prestaciones, no por “encimita”
como suele hacerse, en los ámbitos estatal y municipal, no solo en los burros…
de mi compadre.
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