Tiempos de control . . .en el gobierno del cambio.
Hugo Triano Gómez.
Que
una instancia como la contraloría estatal en el “gobierno
del cambio”
haya sido alcanzada por la duda y el fantasma de la corrupción, no solo suena a
escándalo. Es algo delicado e indeseable.
Y es que no puede perderse de vista
que esa es la dependencia que mayor exigencia tiene en un gobierno a la hora de
administrar recursos, aunque formalmente en el organigrama sea una más. Es
ella, la que tiene el peso hasta moral de una administración pues es finalmente
un órgano de control, el ente que auditará internamente a las demás. En otros
términos es un organismo que no puede exigir a las otras, lo que no tiene, lo
que no ofrece.
En Tabasco, es verdad, que las
controlarías suelen hacer como que funcionan. Los hechos han demostrado que
solo cuando se quiere o conviene se encuentran elementos para hacer
responsables de irregularidades a quienes estuvieron antes en los puestos donde
se toman las decisiones. Eso torna peligroso el asunto que raspa a su titular
Lucina Tamayo
¿Qué hará ahora el gobierno de
Arturo Núñez ante los señalamientos? Acusar una politización por el hecho de
que la suspicacia alcanzó a alguien de sus confianzas sería un error. Sería
darle validez a aquello del “gobierno
de cuates y cuotas”.
Lo imperante debe ser –una vez más-
la exhibición de una indagatoria seria y como no hace mucho hizo Pedro Jiménez
León con un asunto que le metió ruido a uno de los programas que ejecuta,
atajar con elementos y antes de que la bola de nieve sea más grande, las
versiones, las dudas. No emplear una caja de cristal y dejar el asunto al
olvido, puede resultarle al gobierno y a su equipo más caro de lo que se cree.
Es, se insiste, un asunto de
credibilidad el que aquí está de por medio. Esa que no se vende como en botica
y que bastan a veces –pocas cosas- para extraviarla sin posibilidad de
recuperarla.
Que la denunciante directora de
administración de la Contraloría Candelaria Vázquez Ramos tenga iniciado un proceso administrativo por
una supuesta incompatibilidad al emplearse en dos plazas del gobierno y sea
señalada de tráfico de influencias en beneficio de su esposo, no puede –amén de
dictaminarse- desviar la atención de lo toral: La posible afectación –vía
corrupción- de las arcas estatales por aquello del sobre precio que se acusa en
la compra de aires acondicionados y a la inversión privada local –por
adquirirlos fuera de aquí- las mismas que Arturo Núñez prometió cuidar y
fortalecer.
Ni
qué decir del presunto pago a aviadores que denunció la aludida vinculándolos a
familiares de la misma Tamayo Barrios. Exhibir las nóminas certificadas y
balances, bien pudiera despejar las dudas. De nuevo, callar, minimizar o algo
similar solo hará acrecentar las dudas respecto al combate del flagelo que el
gobierno Nuñista exhibió del de Andrés Granier.
Ya
se dijo, referir una politización del caso no ayudará, sí entender que aunque
todos los gobiernos se desgastan “naturalmente” por el mismo ejercicio del poder, es
obligación del “elegido
para estar al frente” meter
las manos y tratar de impedirlo. Hacer efectivo el proverbio aquel de “Ayúdate que yo te ayudaré”.
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