Caso Jalpa: Enseñanzas, causas y posibilidades.
Hugo Triano Gómez.
Quienes crean que el asunto del alcalde de Jalpa Domingo García y sus regidores, debe sobre todas las cosas dejar enseñanzas, están en lo cierto.
No es pues la idea de la remoción de un
cabildo ante un desacato judicial -que ahora se sostiene no se dio- algo que
debería alegrar a afines y contrarios al Jalpaneco. El suceso mueve a más, a
observar situaciones que han acontecido durante mucho tiempo en casi todos los
municipios del país. Es por principio de cuentas un asunto de leyes, aunque
también de orden, de administración, de decisiones, de poder y aunque no se
quiera de las antítesis de dichos conceptos.
Curioso puede resultar a todo esto el hecho de
que el gobierno del estado haya “salido” a la defensa del cuerpo
edilicio sosteniendo lo que la administración municipal debió difundir desde el
principio: Que uno de los tres trabajadores demandantes recibió un primer pago
parcial de lo ordenado por la justicia federal, algo así como una muestra de
buena voluntad, a lo que no obstante la autoridad no emplazó. Llama la atención
porque si bien el asunto es de gobernabilidad y por tanto de interés de la
secretaría de gobierno, el titular del área Raúl Ojeda lució más resuelto a “calmar
las aguas” que los propios afectados, en lo que algunos estrictos
observadores de la autonomía municipal podrían considerar una
injerencia.
La llama más porque fue el mismo encargado de
la política interna de la entidad, el “valiente” que se atrevió a
sostener que así como en Jalpa, en los demás municipios con problemas para
pagar laudos, los que antecedieron a los actuales gobernantes actuaron
deliberadamente en aras de no cumplir sus obligaciones, o lo que es lo mismo,
de echarle la bolita a otros… a los que les sucederían.
Nadie puede decir a este respecto que acaba de
descubrir el hilo negro, incluso los que aspiraban a las alcaldías; no obstante
hablar de deliberación como hizo Ojeda, hace suponer que hay elementos para
probar el dicho y proceder en el ánimo de -si es posible- sentar precedentes.
Ahora bien, en el fondo debe apreciarse la
conducta en la que los munícipes muchas veces han incurrido. El abuso de poder,
tomando decisiones “convenientes” electoralmente -como contratar a su
gente- en detrimento de otras, pasando por encima de lo que ordena la ley
a la hora de terminar relaciones laborales, más la negativa de aceptar sus
errores, han cobrado históricamente facturas muy elevadas afectando a los ya de
por sí limitados presupuestos municipales. En otras palabras, no debe perderse
de vista que en el caso Jalpa no está a discusión ya quién ganó el laudo -que
fueron los ex trabajadores- si no porqué no se les ha pagado aún.
El lado afortunado del caso -para la opinión
pública- es que gracias al conflicto en Jalpa hoy se calcula, según datos de la
Secretaría de gobierno, que los municipios de Tabasco adeudan tan solo por
laudos laborales más de mil millones de pesos. Lo malo es que desde ya -se
sabe- no hay solvencia económica para hacerles frente y no se tiene una idea
más clara para resolverlo que pedirle al Congreso y el gobierno federal un
rescate disfrazado del mote que se le quiera dar. ¿A cambio de qué? ¿A cambio
de más facilidades para explotar Tabasco tras la reforma energética? serán la
preguntas iniciales y obligadas.
Tampoco puede pensarse que la gestión será
sencilla cuando la tónica de los municipios es casi la misma en el país,
situando todo en la lógica de que si a uno se le apoya, tendrá que tendérsele
la mano a todos.
Aferrarse al lado eficiente de los gobiernos
municipales para ganar adeptos federales a la causa, podría ser una buena
opción…en Utopía. Desafortunadamente son pocos los resultados que desde Tabasco
podrían ofrecerse. Pocos cuando hay administraciones que se mantienen en la
opacidad presupuestal, endeudados con la banca comercial y -eso sí- sin bajarle
a los emolumentos del edil, su primera dama y los regidores. Cuando lo que
queda a la vista es que lo que no dan ganas de pagar, son los salarios caídos
de los ex trabajadores. Cuando no se plantea de forma paralela a pedir un
rescate, la necesidad de ajustar-cuidar mediante la ley este tipo de deudas y
quizás de proteger más la institución del Ayuntamiento, esa que los propios
alcaldes han… debilitado.