Reforma Política I. (En el sueño de los injustos)
Hugo Triano Gómez. La reforma política parcial que en semanas será realidad, es quizás la que menos cosas ofrecerá de su especie, tras los meses y meses que duró en la congeladora del Congreso de la Unión. No ofrecerá mucho en función de los que se supone, son “avances democráticos” del país en los últimos 30 años.
Como es sabido la reforma en la materia de finales de los años 70s buscaba según los objetivos marcados, fomentar la “pluralidad” inexistente en los tiempos de la increíble unanimidad que incluso derivó en que una sola persona y por ende un solo grupo, se postulara a la Presidencia de la República y arrasara –como siempre sucedía- con los puestos de toma de decisiones formales en México.
Las modificaciones pertinentes de los 90s, supusieron una continuación lógica, natural y hasta obligada de los trabajos iniciales, en el entendido de que era necesario dotar de credibilidad y participación ciudadana, la organización y desarrollo de los procesos electorales del país. Así surgieron el IFE y los demás organismos que dicen coadyuvar para darle –al menos en teoría- la tranquilidad al ciudadano de que solo su decisión y siempre su decisión, será la que se impondrá al momento de los comicios fijando rumbos y siguiendo proyectos.
La reforma política del 2010-2011 buscaba por su parte devolverle –sin que ello sea malo- algo del poder que ha perdido a la figura presidencial, fundamentalmente en su relación con el legislativo; trataba de equilibrarlos de nuevo en la idea de que 2 iniciativas presidenciales fueran dictaminadas –no necesariamente aprobadas- con preferencia, lo que significaba tratar de evitar el veto del Congreso antes de estudiar siquiera un asunto. En otras palabras, era poner a trabajar a las cámaras por decreto de ley. La mira cortoplacista y politiquera de los opositores a la idea Presidencial, echó todo por la borda.
La reforma del 2010-2011 con excepción de la reelección de legisladores y alcaldes, también estaba llamada a ser la que dotaría de “nuevos” medios de representatividad al ciudadano en el contexto de la democracia mexicana. Con lo que es casi un hecho se ratificará en el Senado y en el constituyente Permanente se quedarán cortos, muy cortos.
A estas alturas es claro que mejores rumbos y nuevos proyectos han escaseado y que cuando en el ejecutivo –del Zedillismo a la actualidad- se ha tenido alguno, la prioridad de los grupos antagónicos ha sido evitar que se realice, generalmente en el ánimo de mostrar supuestas “incapacidades e insensibilidades” del rival en turno. Acompañado siempre de su referida y mayúscula dosis de politiquería, el bloqueo generado desde el legislativo ha dejado de nuevo en medio de todo e indefenso, al supuesto gobernado, condenándolo a perpetuidad a un juego de perder-perder bajo este esquema.
En otros términos habría que decir que el resultado de la reforma política del 77 cobra desde fines de los 90s su factura, una muy alta por la falta de resultados impidiendo a los gobiernos establecer sus “ideales” en los temas trascendentales que maquinaron para hacer un "buen ejercicio de gobierno". En los demás asuntos, $iempre ha habido y hay manera de ponerse de acuerdo.
Así, es normal que los Diputados Federales y probablemente los Senadores incurran en otra contrariedad al mantener en el rango del 0.13 por ciento del listado nominal de electores, el requisito para que la “gente organizada” pueda presentar una iniciativa ciudadana “digna” de atender por los legisladores. Olvidan y desprecian que así sean menos de 90 mil personas las que propongan algo, éstos son sus representados.
Digno es de observar además que la cantidad de firmas que casi seguro se exigirá para que una iniciativa ciudadana camine (el 0.13% del LNE) se incrementará naturalmente de la mano de las actualizaciones que periódicamente se presentan en dicha lista, lo que podría representar un obstáculo a la disposición, algo así como un burocratismo.
Lo justo era eliminar el requisito pero más aún, vincular a una obligatoriedad de dictaminar al legislativo, en aras de que el planteamiento no se pierda entre las “prioridades” (sus prioridades). Se ha dicho que dictaminar no obliga a aprobar algo, si a estudiar, a analizar, a trabajar, a por fin rendir cuentas, a desquitar la jugosa “dieta”… Y sin embargo el esfuerzo fue minimizado. Lo demás suena otra vez, a puros "pretextos democráticos" sin razón.
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