Abogados por correspondencia
Opinión
Alberto Martínez Pérez
Lamentable desde cualquier óptica es que la enseñanza del derecho en México en lugar de mejorar, cada vez más se convierta en un negocio y en una competencia entre Universidades Públicas, por tener mayores egresados titulados al costo que sea.
En efecto, existen hoy en día mayores oportunidades para que jóvenes puedan acceder a una educación universitaria, lo que puede considerarse positivo; y es que precisamente es obligación del estado proporcionar oportunidades educativas a los jóvenes y personas que deseen seguir estudiando a pesar de ser adultos de mediana edad o mayores, solo que el objetivo no debe desvincularse de la meta de proporcionar una educación de calidad, lo que se ha descuidado de manera enorme en la enseñanza del derecho.
El abogado debe ser un científico del derecho en la extensión de la palabra, y para lograr tal encomienda, la institución de enseñanza superior sea facultad, instituto o simplemente universidad, debe contar con un plan de estudios que contenga las asignaturas necesarias para lograr tal objetivo, además de una plantilla docente con experiencia profesional en la materia que se vaya a impartir y por lo menos, contar con los alumnos comprometidos y conscientes de que dependerá de su esfuerzo constante poder adquirir los conocimientos y habilidades para convertirse en los abogados que la sociedad necesita.
Desgraciadamente los tres elementos enumerados han sido descuidados decíamos de manera enorme por las escuelas de enseñanza superior que ofertan la carrera de licenciado en derecho y sus equivalentes de la siguiente manera.
En el caso del plan de estudios de la carrera, muchísimas universidades han optado por dejar de impartir materias que aparentemente no tienen aplicación práctica en la vida del abogado, varios Institutos no imparten ya materias como Epistemología, Fundamentos de las Ciencias Sociales, Teoría Política o Doctrinas Políticas, Filosofía, Sociología Jurídica e Historia del Derecho, bajo el argumento de que los abogados al iniciar a trabajar como litigantes, no necesitarán de dichas materias para ganar o resolver sus pleitos. Se olvidan por completo que el abogado no es un mero “técnico del derecho” que únicamente sirve para ganar juicios civiles, penales, mercantiles, administrativos o laborales, sino que es un científico social que debe contar con herramientas necesarias para entender el fundamento de su propia carrera, que son las que precisamente esas materias le darán; sin perder de vista que en litigios en materia constitucional dichas áreas son necesarias para lograr plantear ante un tribunal especializado su asunto, o que necesitará de esos mismos conocimientos si desea ser un buen asesor parlamentario o gubernamental; si desea dedicarse a la investigación o posteriormente a la docencia, entre otras cosas.
En otros casos las universidades han reducido el estudio ampliado de materias sumamente importantes y por ejemplo, si el alumno debería ver Juicio de Amparo en tres semestres o su equivalente, muchas escuelas lo imparten ya en uno solo; es decir, lo que un alumno debió examinar en un año y medio, muchas escuelas lo reducen en su impartición a seis meses, dejando al alumno sin las herramientas para ejercer adecuadamente su profesión.
De la misma forma muchas universidades, han dejado de hacer hincapié en la necesidad de contar con docentes que tengan la experiencia y conocimientos necesarios en la materia que se desee impartir, y descuidan tal aspecto que tiene como resultado fatal, que los alumnos en lugar de recibir cátedra por parte de un experto, acaben teniendo clases con un abogado que nunca se ha desempeñado en el ejercicio de la materia ni tiene los estudios de especialidad correspondientes, originando que el alumno termine escuchando en el mejor de los casos, lo mismo que el autor del libro escribió porque es lo único que este profesor puede enseñar.
Aquí cabe señalar, que muchas escuelas optan por contratar a profesores no en base a una materia, sino que contratan a un mentor para que imparta un “paquete” de las mismas, sin que tenga la citada experiencia y conocimientos necesarios para impartir una totalidad de materias. Esto lo hace la universidad, no porque el maestro sea un “erudito” en las ramas del derecho, sino por ahorrar en el gasto de la plantilla docente.
Otro problema es relativo a que muchas Universidades e Institutos están dejando a un lado el sistema de clase en presencia del profesor, y están optando por sistemas vía internet, a través de conferencias, y otros recursos como simplemente dejar tareas tipo correspondencia, para impartir las clases, y en muchos casos sin menospreciar la ayuda que puede resultar del uso de la tecnología, al usar dichos medios se pierde el compromiso del alumno y este aprovecha para evitar el estudio.
No menos importante es que el alumnado que se admita a la Institución se encuentre plenamente consciente de la responsabilidad que asume al ingresar a la Licenciatura en derecho, que al egresar de la misma tendrá en sus manos la dignidad, la libertad, posesiones y hasta la vida de una persona, y por ende, la institución educativa debe ser exigente respecto a la necesidad de admitir a sólo aquellos que quieran y puedan asumir dicho compromiso así como contar con los mecanismos para retirar o expulsar a aquellos estudiantes que no demuestren estar a la altura del mismo.
Para muchos es claro que una medida correctiva no se logra a cabalidad, pues los estudiantes al ser expulsados de una Institución respetable y seria en la enseñanza del derecho, encuentran fácilmente otra Institución en donde puedan “llevársela tranquila” sin estudiar, sin practicar y en general sin aprender, con la seguridad de que pagando sus colegiaturas podrán adquirir el título de Licenciado en Derecho y obtener después la cedula profesional que los acredite como abogados.
Ante el panorama es urgente adoptar medidas legales, en aras de dotar de mayor rigor a las entidades de enseñanza superior, para que, si desean seguir contando con egresados de la licenciatura en derecho, se adopten las medidas pertinentes a fin cuidar por lo menos los tres aspectos aquí señalados: Cumplir con un plan de estudios integral que no descuide ningún aspecto de la formación del abogado, poseer una planta docente con los estudios y experiencia necesarios; y exigir a los alumnos el compromiso (pleno con la institución, con su carrera y con ellos mismos) so pena de ser expulsados si no demuestran estar a la altura del mismo.
Ya basta de abogados casi por correspondencia, de abogados que no llegaron a sus clases y por ello perdieron o perderán un juicio en donde estaba en juego la libertad de un inocente.
Ya basta que las universidades oferten la carrera de abogado y no la de médico, porque el doctor supuestamente tiene más responsabilidad, ¿Acaso estar en la cárcel por un crimen que no se cometió es menos importante que la persona se encuentra enferma?.
Ya basta de abogados que tienen cédula, pero que no son abogados.
En efecto, existen hoy en día mayores oportunidades para que jóvenes puedan acceder a una educación universitaria, lo que puede considerarse positivo; y es que precisamente es obligación del estado proporcionar oportunidades educativas a los jóvenes y personas que deseen seguir estudiando a pesar de ser adultos de mediana edad o mayores, solo que el objetivo no debe desvincularse de la meta de proporcionar una educación de calidad, lo que se ha descuidado de manera enorme en la enseñanza del derecho.
El abogado debe ser un científico del derecho en la extensión de la palabra, y para lograr tal encomienda, la institución de enseñanza superior sea facultad, instituto o simplemente universidad, debe contar con un plan de estudios que contenga las asignaturas necesarias para lograr tal objetivo, además de una plantilla docente con experiencia profesional en la materia que se vaya a impartir y por lo menos, contar con los alumnos comprometidos y conscientes de que dependerá de su esfuerzo constante poder adquirir los conocimientos y habilidades para convertirse en los abogados que la sociedad necesita.
Desgraciadamente los tres elementos enumerados han sido descuidados decíamos de manera enorme por las escuelas de enseñanza superior que ofertan la carrera de licenciado en derecho y sus equivalentes de la siguiente manera.
En el caso del plan de estudios de la carrera, muchísimas universidades han optado por dejar de impartir materias que aparentemente no tienen aplicación práctica en la vida del abogado, varios Institutos no imparten ya materias como Epistemología, Fundamentos de las Ciencias Sociales, Teoría Política o Doctrinas Políticas, Filosofía, Sociología Jurídica e Historia del Derecho, bajo el argumento de que los abogados al iniciar a trabajar como litigantes, no necesitarán de dichas materias para ganar o resolver sus pleitos. Se olvidan por completo que el abogado no es un mero “técnico del derecho” que únicamente sirve para ganar juicios civiles, penales, mercantiles, administrativos o laborales, sino que es un científico social que debe contar con herramientas necesarias para entender el fundamento de su propia carrera, que son las que precisamente esas materias le darán; sin perder de vista que en litigios en materia constitucional dichas áreas son necesarias para lograr plantear ante un tribunal especializado su asunto, o que necesitará de esos mismos conocimientos si desea ser un buen asesor parlamentario o gubernamental; si desea dedicarse a la investigación o posteriormente a la docencia, entre otras cosas.
En otros casos las universidades han reducido el estudio ampliado de materias sumamente importantes y por ejemplo, si el alumno debería ver Juicio de Amparo en tres semestres o su equivalente, muchas escuelas lo imparten ya en uno solo; es decir, lo que un alumno debió examinar en un año y medio, muchas escuelas lo reducen en su impartición a seis meses, dejando al alumno sin las herramientas para ejercer adecuadamente su profesión.
De la misma forma muchas universidades, han dejado de hacer hincapié en la necesidad de contar con docentes que tengan la experiencia y conocimientos necesarios en la materia que se desee impartir, y descuidan tal aspecto que tiene como resultado fatal, que los alumnos en lugar de recibir cátedra por parte de un experto, acaben teniendo clases con un abogado que nunca se ha desempeñado en el ejercicio de la materia ni tiene los estudios de especialidad correspondientes, originando que el alumno termine escuchando en el mejor de los casos, lo mismo que el autor del libro escribió porque es lo único que este profesor puede enseñar.
Aquí cabe señalar, que muchas escuelas optan por contratar a profesores no en base a una materia, sino que contratan a un mentor para que imparta un “paquete” de las mismas, sin que tenga la citada experiencia y conocimientos necesarios para impartir una totalidad de materias. Esto lo hace la universidad, no porque el maestro sea un “erudito” en las ramas del derecho, sino por ahorrar en el gasto de la plantilla docente.
Otro problema es relativo a que muchas Universidades e Institutos están dejando a un lado el sistema de clase en presencia del profesor, y están optando por sistemas vía internet, a través de conferencias, y otros recursos como simplemente dejar tareas tipo correspondencia, para impartir las clases, y en muchos casos sin menospreciar la ayuda que puede resultar del uso de la tecnología, al usar dichos medios se pierde el compromiso del alumno y este aprovecha para evitar el estudio.
No menos importante es que el alumnado que se admita a la Institución se encuentre plenamente consciente de la responsabilidad que asume al ingresar a la Licenciatura en derecho, que al egresar de la misma tendrá en sus manos la dignidad, la libertad, posesiones y hasta la vida de una persona, y por ende, la institución educativa debe ser exigente respecto a la necesidad de admitir a sólo aquellos que quieran y puedan asumir dicho compromiso así como contar con los mecanismos para retirar o expulsar a aquellos estudiantes que no demuestren estar a la altura del mismo.
Para muchos es claro que una medida correctiva no se logra a cabalidad, pues los estudiantes al ser expulsados de una Institución respetable y seria en la enseñanza del derecho, encuentran fácilmente otra Institución en donde puedan “llevársela tranquila” sin estudiar, sin practicar y en general sin aprender, con la seguridad de que pagando sus colegiaturas podrán adquirir el título de Licenciado en Derecho y obtener después la cedula profesional que los acredite como abogados.
Ante el panorama es urgente adoptar medidas legales, en aras de dotar de mayor rigor a las entidades de enseñanza superior, para que, si desean seguir contando con egresados de la licenciatura en derecho, se adopten las medidas pertinentes a fin cuidar por lo menos los tres aspectos aquí señalados: Cumplir con un plan de estudios integral que no descuide ningún aspecto de la formación del abogado, poseer una planta docente con los estudios y experiencia necesarios; y exigir a los alumnos el compromiso (pleno con la institución, con su carrera y con ellos mismos) so pena de ser expulsados si no demuestran estar a la altura del mismo.
Ya basta de abogados casi por correspondencia, de abogados que no llegaron a sus clases y por ello perdieron o perderán un juicio en donde estaba en juego la libertad de un inocente.
Ya basta que las universidades oferten la carrera de abogado y no la de médico, porque el doctor supuestamente tiene más responsabilidad, ¿Acaso estar en la cárcel por un crimen que no se cometió es menos importante que la persona se encuentra enferma?.
Ya basta de abogados que tienen cédula, pero que no son abogados.
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