Alberto Martínez Pérez

No cabe duda que el actual gobierno panista carece de la intención de reformar, por lo menos para bien de la población, el estado mexicano.

En una de las más recientes sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, organismo internacional dedicado a velar por el respeto de los derechos fundamentales en el Continente Americano, quedó al descubierto una de las más deplorables prácticas del antiguo régimen priista: “la desaparición forzada de personas”, la cual algunos valientes periodistas en su momento denunciaron, pero que oficialmente fue negada por el gobierno en turno.

De esta forma, la desaparición de personas indeseables para los gobernantes en turno quedó oficialmente descubierta como parte de la actuación del Estado Mexicano y aunque no existan otros casos hasta ahora probados ante la Corte Interamericana; el caso de Rosendo Radilla Pacheco ahora resuelto por la misma, constituye un indicio fuerte al encontrarse relacionado con las denuncias realizadas a la famosa matanza de Tlatelolco en 1968 por las desapariciones forzadas realizadas en contra de muchos estudiantes; de que ésta no era una práctica aislada del gobierno mexicano.

Es lamentable que en defensa del Estado, el secretario de gobernación haya argumentado que “el caso del señor Radilla Pacheco se produjo hace 35 años y que no se puede juzgar al México de hoy con los parámetros de esa época, porque el país cuenta ahora con un marco jurídico e institucional que permite procesar casos trágicos como el que es materia de este procedimiento”.

Esta declaración, a pesar de lo bien intencionada que pueda parecer, es desafortunada. En primer lugar evade el planteamiento cuestionando al Estado Mexicano, esto es, no contesta las imputaciones que se le estaban haciendo al Gobierno sobre la desaparición forzada de Rosendo Radilla Pacheco, y como quedó asentado en la siguiente sentencia de la Corte Interamericana, el Gobierno no fue claro en asumir su responsabilidad.

“En lo que se refiere a los hechos del presente caso, la Corte observa que el Estado (Mexicano) no precisó de manera clara y específica los hechos de la demanda que dan sustento al reconocimiento parcial de su responsabilidad. No obstante, al haberse allanado a las alegadas violaciones de los artículos 5 y 7 de la Convención Americana, en relación con la obligación establecida en el artículo 1.1 de la misma, este Tribunal entiende que México también ha reconocido los hechos que, según la demanda —marco fáctico de este proceso—, configuran esas violaciones; es decir, aquellos relativos a la detención y posterior desaparición del señor Rosendo Radilla Pacheco a manos de efectivos del ejército mexicano, así como la afectación a la integridad personal en su perjuicio.”

Es decir, el Gobierno de México no quiso reconocer, por lo menos de manera clara y precisa su responsabilidad, sólo a través de un tecnicismo legal intento reconocer la responsabilidad en la desaparición del señor Rosendo Radilla Pacheco, pero aún así no reconoció plenamente su responsabilidad en otros aspectos imputados al gobierno mexicano y además enfatizó que dicha actuación había sido llevada a cabo hace muchos años, esto es parafraseando: “no lo hicimos nosotros como funcionarios, fue hace mucho tiempo y ya cambiamos o sea, ¿nos lavamos las manos?”.

Si lo pretendido era aceptar “de cierta forma la responsabilidad ajena”, al afirmar en otra parte de ese mismo argumento que “no venimos a justificar acciones ilegales, si no a demostrar que nos hemos reformado”, lo más correcto e idóneo era adherirse a todas las pretensiones de los demandantes, y no únicamente a algunas de ellas; esto es, desde antes que se llevara el caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuando la Comisión Interamericana de Derechos Humanos le presentó su recomendación del caso al gobierno, este debió aceptarla cuando se dio cuenta que la Comisión tenía razón sobre la desaparición y otros puntos exigidos; y no haberse negado a darle la razón a la Comisión de manera parcial como lo hizo; si el mismo gobierno sabia que en el juicio no tendrían (como quedó al descubierto), argumentos de fondo para defenderse, sino evasivas como la antes expuesta, de tal manera que se siguió retardando injustificadamente el acceso a la justicia de los familiares del desaparecido Rosendo Radilla Pacheco al esperar un juicio innecesario.

No es tampoco del todo cierto que “nos hayamos reformado” cuando la misma Corte determinó que, al no existir en nuestra legislación el delito de desaparición forzada de personas, queda la posibilidad latente de quedar impunes aquellas que se sigan cometiendo; y de la misma manera, al existir todavía el llamado “fuero militar”, no puedan ser llevados ante la justicia aquellos militares como los que desaparecieron al señor Rosendo Radilla.

A mayor abundamiento, no puede afirmarse que “nos hemos reformado” o por lo menos decir que ha sido para bien, cuando en lugar de ampliarse la esfera de protección a los derechos humanos fundamentales de los mexicanos, ahora hasta a nivel constitucional se vulneran los mismos, por ejemplo: al elevarse el arraigo hasta por 80 días a nivel constitucional, cuando dicha figura contraviene los tratados internacionales suscritos y ratificados por nuestro país.

En último lugar, es desafortunado que el Estado Mexicano haya demostrado más interés en “defender lo indefendible”, que en reparar las equivocaciones de sus predecesores en el poder, al haber comparecido a juicio ante la Corte Interamericana sin argumentos de fondo y pruebas que le apoyaran; demostrando con dicha actitud que las violaciones a derechos humanos fundamentales que ellos están cometiendo en el tiempo actual, de la misma forma serán defendidas por los funcionarios que les sigan más adelante en el poder, aunque tengan que comparecer a un Tribunal y decir: “no venimos a justificar acciones ilegales, venimos a demostrar que nos hemos reformado”.