Hugo Triano Gómez.

Desde distintos ángulos, la reforma aprobada hace algunas horas por el Senado para “fortalecer” la Comisión Nacional y las Estatales de los Derechos Humanos suena a “cosa positiva”, aunque a decir verdad, la modificación está aún lejos de hacer decir a alguien: Misión cumplida.

No puede haber tal afirmación hasta que se erradiquen vicios y males propios del actuar, ajenos al espíritu de una ley.

Así, es posible que mientras se considere un acierto retirarle a la Corte la facultad de conocer y resolver los asuntos presuntamente violatorios de los “más altos derechos del ser” en nuestro país, alguien se preocupe por que ahora sea el criterio de un “Comisionado” y sus consejeros los que determinen qué acto se considerará como tal.

Y no es que se dude de la buena fe -indispensable para atender estos asuntos- o de la capacidad jurídica de quienes se encargarán ahora de estas revisiones; el hecho es que pese al “asomo” de antecedentes, es difícil imaginar a un Ombudsman “enfrentarse” a un Poder Presidencial, cuando un juicio alcance su esfera. Sea lo que sea, la Corte al ser un ente del mismo nivel que el Ejecutivo Federal, parecía tener mayor peso específico y por ende posibilidades “reales” de salir bien librado, en un eventual “diferendo”.

Amén de que una vez más el papel del ministerio público será trascendental en la integración del expediente del caso a revisar, se da por hecho que un ministro puede tener mayores elementos para hacerse de recursos legales que los de cualquier visitador o consejero del órgano en cuestión.

Si a eso se suma que era la Corte en pleno con sus 11 miembros, la que asumía la responsabilidad por sus decisiones en la materia, habrá que observar que en el caso de la CNDH habrá 1 criterio menos que atender, pues de acuerdo a la ley de derechos humanos vigente, son 10 los integrantes del consejo consultivo -el órgano encargado de establecer los lineamientos generales de actuación de la Comisión Nacional- y que además de todo según la misma norma, puede contar entre sus filas con 3 integrantes con cargo público. O lo que es lo mismo, estos 3 podrían ser parte -además de jueces- de una dependencia señalada de haber violentado derechos humanos.

Un análisis más a fondo sugiere la afirmación de que con la reforma, la CNDH y sus homólogos a nivel estatal “ya tienen dientes”. Si bien es cierto “algo” ganaron al tener en lo sucesivo que recibir por ley una respuesta fundada de quien se niegue a acatar sus recomendaciones, eso no quiere decir que por fin, éstas mismas sean vinculatorias.

Es decir, ningún ente observado podrá simplemente ignorar –como ahora- a las Comisiones de Derechos Humanos, tendrá que decirle las razones a expensas de que el Senado o la Comisión permanente del Congreso General intervenga en aras de una explicación. No hay obligación u objeto que acatar, si de atender la recomendación.

En el fondo, si de dientes hablamos, la CNDH y sus homólogos tendrán aunque sea de leche. De nuevo las actitudes de sus “guardianes” le darán cual calcio, la fortaleza necesaria a los que los sustituirán.

Sin duda será de llamar la atención el papel que fungirá después de la oficialización de la reforma, la Comisión Estatal de Derechos Humanos en Tabasco, que pese a los avances y esfuerzos sigue siendo apéndice del Gobierno en turno, cuidando y procurando una imagen y una relación institucional que muchas veces raya en la sumisión.

Interesante será ver el proceder de Manuel Argáez ante casos similares a los ya ocurridos. Cuando el Gobierno con sus granaderos impida marchas o manifestaciones para no quedar mal con el visitante en turno, cuando la Procuraduría enfrente en vísperas o en pleno proceso electoral acusaciones de tortura y hasta un sistema educativo acusado de discriminación por un estudiante gay. El tiempo sin duda, ubicará a cada quien, en su perfecta dimensión.