Ricardo Sashiel Rivera Pizarro.

Desde 2008, oficial y legalmente a Tabasco le llegó la transparencia. Ya sea por moda o por alguna otra razón, pero tiempos mejores -se advertía- habían iniciado en nuestro estado.

Con la nueva herramienta se esperaba una nueva etapa de “rendición de cuentas” como la que tanto hemos escuchado pero que en la práctica poco conocíamos. Sin embargo, tras un largo camino, a tres años de distancia, algunos podrían decir que seguimos igual, o quizás peor que antes.

Hoy, desafortunadamente el tema de la transparencia está más que vigente en la agenda local no por los avances deseados o por el interés de las autoridades en cumplir sus obligaciones, sino por la actitud de “algunos” que por encima de los ordenamientos siguen evitando hacer pública información decretada para ser consultada por todos los ciudadanos. Hoy estamos viendo -de lejos- cómo la actitud de la Secretaría de Administración y Finanzas del estado echó por la borda la tan mencionada transparencia de la que muchos presumen y con un simple “no”, ha evitado transparentar información pública como es la “cuenta de deudores diversos” del año pasado y que en otras ocasiones se ha hecho pública.

Sin entrar en el análisis de qué está detrás de la mencionada cuenta, y que muchos dicen es parte del “boquete” financiero, o del problema legal que ya alcanzó la esfera de las sanciones administrativas y casi penales, el asunto no es algo menor. Al final y como casi siempre, los afectados son los ciudadanos, que lejos de estar interesados en la cuenta de los deudores del Gobierno estatal, estarían a punto de ser víctimas de la transgresión de uno de sus derechos constitucionales, el del acceso a la información estipulado bajo el concepto de “máxima publicidad” en el artículo sexto y que hoy lo verían pisoteado por una simple postura del ejecutivo que se intentaría imponer sobre la autonomía de una institución, arrollando un ordenamiento legal y abriendo la puerta para que otros “sujetos obligados” hicieran lo mismo.

El desenlace de este “melodrama legal” nos debe interesar a todos, aún y si nunca hemos hecho uso de la transparencia, pues éste sería un paso más hacia el retroceso, al que algunos dicen, el régimen esatatal ha llevado el tema. Un paso más que sólo se entiende al revisar casos como el de los “bonos de fatiga” que sólo fueron abiertos al público tras un “fatigoso” proceso de presión pública; el retraso de la entrada en vigor de la ley de la materia, corregido por la Suprema Corte de Justicia; casos como el del salario mensual del Gobernador Granier quien desde un inicio dejó en claro que sólo por obligación lo haría público; y otros más, como el del préstamo de los 4 mil millones de pesos.

A como están las cosas, en 2012 nos van a querer vender la transparencia como un producto electorero junto con otros más, como una tal “democracia” y la siempre mencionada “honestidad” y la “justicia social”. Dependerá de cada quien aceptar comprarla.

Así, y a reserva de que algo “milagroso” suceda, la única esperanza de los tabasqueños es esperar que en la transición al próximo gobierno se asuma una nueva y mejor postura en la materia, amén que no habrá que perder de vista la forma en que los nuevos consejeros del ITAIP, a elegirse en mayo, ejercerán sus facultades. Si no –como dijo ya alguien- ¿para qué tener un instituto que cuesta 28 millones de pesos al erario cada año?