Iván Triano Gómez

Derecho y ley suelen ser confundidos, hasta por los expertos juristas, cuando en realidad constituyen nociones distintas.

El derecho estrictamente hablando, representa el conjunto de convencionalismos que un grupo social determinado, se otorga y reconoce a sí mismo como válidos en un espacio y tiempo igualmente consensuado. La ley formalmente hablando, presume ser tan sólo la expresión de aquél.

La salvaguarda del primero y todo lo que implica su vigencia, se encuentra confiada al juzgador.

Tal afirmación guste o no, es irrefutable en toda sociedad que presuma de civilizada. Y es que, si bien el estado de derecho constitucional no deja de ser otra añoranza más y meta aún en proceso, es el juez a quien corresponde protagonizar el esfuerzo de su consolidación.

Es una realidad que el sistema de justicia nacional se encuentra en crisis; corrupción, ineficacia, rigidez y demás vicios lo caracterizan, no obstante, debe matizarse tal afirmación.

En efecto, dicho sistema de justicia jamás ha sido puramente eficaz y honorable. Las generaciones de abogados y de ciudadanos comunes que han vivido directa o indirectamente y sentido la etapa de la política mexicana nombrada como “presidencia imperial”, son principalmente conscientes de ello.

El sistema de justicia en México, básicamente, no representa más que el reflejo de la política formalmente ejercida en su momento, desde el ejecutivo.

Así, en el caso de los jueces, tan sólo en el siglo XX se sabe de diversas tendencias de estos, desde el déspota y autoritario, pasando por su evolución a técnico y legalista, hasta llegar al juez humanista y sensible, de quien se exige - por lo menos teóricamente –privilegie al derecho y no a la ley.

A la luz de la teoría todo suena y huele bien, sin embargo -como se ha indicado y sin generalizar- el factor político ha jugado un rol activo y decisivo a la hora de que los jueces han tenido que decidir situaciones conflictivas, algunas con mucho y otras con poco impacto social.

La debilidad no sólo del juez, sino de otras figuras del sistema de justicia (policías y ministerios públicos), es producto de un sistema integral de vicios, de malas políticas, ya sea de la “presidencia imperial” o de la “presidencia parlamentaria o partidista”.

En este sentido, la figura del juez no es la de un agresor social, sino de víctima. Brazo ejecutor de un poder que con razón o sin razón dicta leyes a granel, en su mayoría leyes producto del buró. Otra vez: Ley no es igual a derecho.

Juzgar jamás ha sido fácil ni lo será, por mayores garantías que se le otorgue al juez o al gobernado, o por mayores beneficios materiales que obtengan ambos del Estado o por el sólo hecho de cambiar del formato escrito al oral; es necesario pues, un cambio verídico pero en la forma de hacer política.

Cuando ello suceda, el primer paso será consolidar al sistema de justicia nacional, no con más presupuesto económico, sino con “presupuesto político”. Un poder judicial fuerte políticamente y verídicamente autónomo del poder ejecutivo, es presupuesto lógico y necesario del estado constitucional de derecho, incluso antes que el simple cambio de formato que si bien implican principios demócratas como la transparencia, no son suficientes en forma aislada.

Y es que aún y cuando la pomposa propaganda estatal diga lo contrario, la independencia de los órganos encargados de las funciones de investigación y administración de justicia continúa siendo un pendiente.

La realidad nos muestra claramente que ni hoy ni nunca, el político, pretenderá abandonar “cotos” de poder. Luego, corresponde al sistema judicial desde adentro, consolidar esa autonomía e independencia.

La posibilidad se antoja imposible desde luego, pero sólo será con decisiones firmes y autónomas como los juzgadores y demás actores del sistema de justicia podrán consolidar dicho cambio, con todo y que se corra el riesgo de perder la “chamba”.

Sin jueces fuertes, la sociedad queda sujeta a la justicia de cada uno, a la venganza privada, y ello no es otra cosa que la ley de la jungla, anarquía.

En este contexto resulta lamentable que un infomercial, como el exhibido en las salas de cines a nivel nacional, promueva que todo un sistema se halla en crisis y de forma especial humille y linche la figura concreta del juez.

Más allá de las teorías, el sistema escrito germano hispano canónico imperante, ha dado resultados al resolver controversias por más de un siglo; no es razonable por ello pensar y concluir, que todos los casos ventilados en el mismo, son igual de “injustos” al exhibido.

Riesgo latente por la naturaleza masiva del cine y del público consumidor de la cinta, que suele dogmatizar y propagar todo lo que se le vende como verdad.

Que el actual sistema requiere cambios es verdad.

Que el actual sistema “adoptado” por imperativo e imposición externa, tiene bondades, también es cierto.

No obstante al final, el “nuevo” sistema acusatorio también sufrirá sus desvíos teóricos al ser aplicado, y de esta forma se abrirá la puerta para “nuevos vicios” o ¿serán los mismos, pero en formato acusatorio? El hecho que sea ejercido por humanos fácilmente permite concluir lo anterior, pues no existe el individuo químicamente puro y desde luego tampoco el poder público puro.

Todo actor político ambiciona controlar al órgano en que reside la facultad de decisión jurisdiccional, por el natural temor de ser en un futuro, sujeto de algún proceso ante la responsabilidad en el ejercicio y administración del poder y de esta forma garantizar un trato benévolo, amén de que simultáneamente con ello se garantiza la represión del adversario.

De ahí que, la posibilidad de un sano sistema de justicia se concentre antes que nada en la consolidación de una verídica independencia, que el juez deje de ser empleado del gobernador, del presidente, del político y garantizada aquélla, si se quiere fortalecer económicamente al mismo, bienvenida sea la posibilidad; al final, la crisis económica es un problema de todos y no de un solo sector gubernamental.

Precisando, el informercial de Marcelo Ebrad, nada dice respecto a que jueces, policías y ministerios públicos en su mayoría del fuero común, laboran en condiciones no necesariamente de bonanza económica; en muchos casos y por decir algo, con carencias tan ridículas e inaceptables como la simple papelería.