De prefijos, siglas y realidades.
Siempre actual, siempre puntual, Hassan George se apresta para sus vacaciones en M.O. sin dejar de lado los temas torales y el calvario diario de esta sociedad nuestra, que por ahora -parece- quedarán atrás.
Renovación ITTAIP: Retroceso firmado.
Hugo Triano Gómez.
La “renuncia” a ser considerados para una posible ratificación de los aún consejeros del ITTAIP, le dio la estocada final a la ya de por si moribunda transparencia en Tabasco. El hecho es penoso, si se parte de la idea de que el instituto –cual recién nacido- pudo haber tenido un futuro brillante, por lo menos una expectativa de vida digna procurada por quienes lo engendraron.
En realidad la “renuncia” en mención, no cambió la escena de lo que al final ocurrirá; si acaso la aligeró; siendo más estrictos, solo firmó el retroceso que se avecina.
Por supuesto que siempre será menos complejo juzgar sobre acontecimientos que sobre cosas que solo se prevén. Sin embargo hoy los hechos –la cosa objetiva- han colocado a Gilda Bertolini con todo y su relación pública-personal con el Gobernador Granier; a Benedicto de la Cruz con todo y su historial institucional y a Arturo Peña con todo y su íntima relación con Adán López y las ligas que lo envuelven, a un lado de cualquier señalamiento de sumisión a la hora de desempeñar su trabajo.
En efecto, los 3 marcaron con su actuar no solo un antecedente, si no una diferencia con el tristemente célebre desempeño del “afamado” pero paralelamente sometido Doctor Jorge Abdó Francis, que solo -confirmó- llegó al instituto a consolarse tras no lograr el escaño de Senador que añoró y no pudo lograr meses atrás.
Lo lamentable más allá del episodio, es la reedición que en cuestión de días se concretará.
De los nueve nombres que el gobernador Granier envió al congreso para definir a los nuevos huéspedes del ITTAIP, si acaso 2 pueden jactarse de no tener vínculos “intravenosos” con la estructura del poder, pasada o presente.
Basta revisar las ternas para concluir que el Gobierno de Granier no tuvo interés o capacidad para ver más allá de sus “afines” en aras de asegurarse “cero problemas” a la hora de echar a andar el mecanismo “más cercano” que tiene el ciudadano para solicitar la rendición de cuentas. En cualquier caso la situación atenta contra la independencia y la autonomía que debe prevalecer en un órgano como el ITTAIP. En cualquier caso es grave.
Teresa de Jesús Luna Posadas por ejemplo, es titular de la unidad de transparencia y acceso a la información de la secretaría de gobierno, en otras palabras, es funcionaria de la administración estatal, dependiente finalmente, del mismísimo Humberto Mayans. Felícita Suárez Castro, la Magistrada con licencia del Tribunal Superior de Justicia, es desde no hace mucho consejera de la judicatura del Poder Judicial Estatal y madre del Presidente del IEPC Alfonso Castillo Suárez. Excelente persona, dicen los que la conocen, pero institucional a rajatabla y de muchos años, con poca experiencia reconocida en el “manejo” de la información. De Jorge Raúl Jiménez Jiménez, es preciso advertir que casi nada se conoce de él a estas alturas, aunque seguro algo surgirá en las próximas horas.
De José Bulnes Zurita, sus vínculos con el PRI y el Gobierno del Estado son más que públicos. Ser director del DIF en los tiempos de Roberto Madrazo y tesorero del Poder Judicial Estatal en la actualidad, son su carta de presentación. De José Antonio Bojórquez Pereznieto puede afirmarse que es el único de los propuestos ligado en forma y fondo al desempeño del ITTAIP, en donde funge como Director Jurídico Consultivo, aunque su parentesco sanguíneo con el ex alcalde Priísta de Centro Floricel Medina ha prendido en más de uno las luces de alarma.
La fama de Leonardo Sala Poisot bien merece un párrafo especial. Ex Presidente del IET -antecesor del IEPCT- cuando los tiempos más álgidos del conflicto PRI-PRD de los tiempos de Roberto Madrazo, actor principalísimo en el actuar del consejo electoral previo a la anulación de la elección de Gobernador en el año 2000; notario público por decisión del Gobernador Manuel Gurría, es quizás el personaje más cuestionado de los nominados pero también el mejor ejemplo de la “altura de miras” que emplea el Granierismo y su jefe máximo cuando se trata de resolver asuntos de trascendencia.
Isidro Rodríguez Reyes llegó en tanto a la nominación proveniente del colegio de contadores de Tabasco del que es solamente miembro –no cabeza de grupo visible al menos- y que tradicionalmente mantiene “buenas relaciones” con la estructura gubernamental. Patricia Ordóñez León, la titular de la unidad de procesos civiles y penales de la consejería jurídica, cubre a final de cuentas la cuota del “Romeroperizmo” (Romero Boy´s) por la intervención de éste en el proceso dejando en el camino a Enrique Pons y otros. Finalmente de Elizabeth Álvarez Gutiérrez se sabe que es hermana del ex Sub procurador de procesos Álex Álvarez Gutiérrez y que ha pasado los últimos años a cargo de la dirección de responsabilidades de la Secretaría de la Contraloría, que encabeza Roger Pérez Evoli.
A todo esto, resulta cierto que el conocimiento en materia legal puede tornarse “importante” –no indispensable- para el quehacer de los próximos consejeros del ITTAIP, sobre todo con casos como el que el Instituto libró y libra, como el de los bonos de fatiga y el de los deudores diversos, pero también que el hecho de que su voluntad parezca comprometida de inicio, representa un riesgo mayúsculo para los objetivos que se persiguen por lo menos en ley.
De la nueva oportunidad perdida por el Gobernador Granier, resta decir que desde hace mucho dejó de esperarse el “milagro” de un correcto proceder de su parte, o lo que es lo mismo, de pedirle… Peras al olmo.
Relevo ITTAIP: Romero Boy´s.
Hugo Triano Gómez.
Si alguna duda cabía, la evidencia desveló los misterios. El Gobierno Granierista tiene total interés en la sigilosa renovación del consejo del ITTAIP y tiene para ello, “orquestando” directamente el relevo, a uno de sus “hombres fuertes”.
¡No! este no es un trabajo encomendado al Secretario de Gobierno Humberto Mayans, sí a quien en la discreción exigida para el caso, ha “encuadrado en” y “dotado de” legalidad las decisiones más controversiales de su jefe: Andrés Granier.
Imposible resulta por ejemplo y pese a las negativas en público, no vincular a la consejería jurídica y a su titular Miguel Alberto Romero Pérez, con el intento logrado en 2008 de retrasar unos meses la entrada en vigor de la ley de transparencia; así como desvincular ahora la controversia que el Congreso local “promovió” ante la Corte para dirimir qué ley impera, si la de fiscalización o la referida de transparencia, ganando más tiempo para evitar explicar el saldo de “deudores diversos” del gobierno Granierista.
Amén de elementos subjetivos y a la luz de las evidencias, la mano de Romero Pérez en la “definición que se avecina” -la de la renovación en el ITTAIP- no puede ocultarse.
Y es que si bien, no se espera tampoco una confirmación formal a los trascendidos, los ases bajo la manga en esta sucesión han comenzado a asomarse en la baraja del gobierno estatal. En esta lógica se señala como “posibles” nuevos consejeros a gente con “experiencia”. . . pero en la administración pública, más que en el “manejo” de la información.
Los nombres que hasta ahora han aparecido, en virtud de que todo apunta a que no habrá ratificación, son los del Director Jurídico del Congreso del Estado, “posición” de José Carlos Ocaña y del PRI: Enrique Pons Franco, de quien también se sabe fue en el inicio del sexenio, asesor jurídico en la Consejería Jurídica de la que ya se habló; además de ser electo por la legislatura anterior consejero suplente del ITTAIP, específicamente de Arturo Peña.
En paralelo aparece el nombre de Martín Berdeja Rivas, cuyos antecedentes señalan que es licenciado en derecho con “apenas” 6 años en la administración pública, luego de su paso de 4 años por el sector privado. Lo más relevante que aparentemente ha logrado a propósito de su ejercicio en el gobierno, es haber sido nombrado -no hace mucho- titular de la Unidad de Acceso a la Información Pública… de la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo, la que en efecto encabeza Miguel Alberto Romero Pérez.
Un caso no menos interesante lo representa Luis Martínez Esperón quien además de abogado, presume en su currícula, 16 años de experiencia en la administración pública, así como ser Subconsejero de legislación y estudios normativos de… ¿que cree? la consejería jurídica del Poder Ejecutivo. La que –por si no ha quedado claro- dirige Miguel Alberto Romero Pérez.
Por si fuera poco, otros 2 nombres estarían siendo revisados en aras de “cubrir” las expectativas para el cargo, del Gobernador –único facultado legal para enviar las ternas al Congreso-.
Uno de ellos es el del abogado José Alberto “Chebeto” del Rivero, secretario de prensa y propaganda de la campaña a la gubernatura de Roberto Madrazo, ex director del trabajo y previsión social del gobierno, parte de la terna final para Presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, que al final se le dio a Manuel Argáez y que próximamente se sabe, publicará en coautoría un nuevo libro en materia de derecho. Curiosamente con quien compartirá créditos el ahora ex funcionario, es con el a estas alturas multicitado consejero jurídico: Miguel Alberto Romero Pérez.
La quinta carta en el póker de la sucesión que se avecina, la representaría la actual titular de la Junta local de Conciliación y arbitraje Glenda Gómez Domínguez de quien también se sabe mantiene vínculos permanentes con el Gobierno estatal y sus áreas legales como la consejería jurídica, en aras de evitar conflictos laborales que pudieran generar conflictos a las tareas del gobierno en general.
Así las cosas, y a reserva de que los tiempos corroboren los trascendidos, la renovación del consejo del ITTAIP parece enfilarse hacia otra disyuntiva. Sin duda a la de la sustitución de los actuales consejeros, pero con personajes con vínculos firmes, claros y públicos con la Consejería jurídica y la administración Estatal, el principal “sujeto obligado” de la ley de transparencia en Tabasco. ¿Qué beneficios traería algo así a un organismo que por definición debe ser independiente y autónomo? Sin duda no muchos.
Al tiempo, al tiempo quedará la definición, pero también… sus consecuencias.
La calidad... de la melcocha.
Flor de Líz Pérez Morales.
Seguramente a casi todos nos ha ocurrido, como clientes, que en alguna empresa comercial, bancaria o en todo caso una institución pública el trato sea lamentable. Le ocurrió en dos ocasiones consecutivas a Martha, una amiga. La primera en Walmart y la otra en el Banco Santander. Nombrar cualquier institución da lo mismo pues la actitud contra el consumidor es igual. El problema de fondo abre diversas aristas de valoración, aún cuando básicamente el punto se centre en la atención y prestación de un servicio con tal vejación.
Ocurre que una empresa comercial como Walmart desconoce el precio de un producto que pone a la venta y aún así lo ofrece al precio que quiere, sobre protesta de sus clientes que solicitan el costo real que debe de presentar la etiqueta. Lo grave del asunto es que ni el gerente, ni los vendedores en su estructura vertical ven el problema más allá... del problema.
Por otro lado, un banco como el ya mencionado también hace y pone de manifiesto la negación de sus servicios en la más clara arrogancia de la actitud. “Después de dos o tres horas regrese porque no tenemos sistema para abrir su cuenta de ahorro”. Posterior a los tres intentos de “regresar” la acción es más que fallida.
Ambas empresas ostentan la categoría de calidad, y en realidad muy poco la entienden en su clara dimensión empresarial. La calidad trasciende a una referencia inmediata de conducta, de producción, de sistema, de formas que lleven a la satisfacción de cumplir y de sentirnos cumplidos en los servicios de una compañía.
En su expresión más llana, la calidad infiere procesos controlados donde se le ofrece a un cliente un servicio apropiado, que de ninguna manera los procesos signifiquen costos adicionales para las propias empresas. Sin embargo, mal entendemos que ese proceso es una forma sistemática de procedimientos ajenos a los sujetos. Por supuesto que no. Ningún sistema de calidad deja afuera al personal y menos al cliente. No se trata de gritar todas las mañanas en grupo “ser los mejores en el día”. Hay más. Calidad implica formas de atender y entender a quién tenemos enfrente.
Sin embargo, la situación revela más del asunto. Desde la mirada del cliente nos hemos acostumbrado a que la circunstancia sea “normal”, a callar, a guardar silencio porque todo indica que soportar es lo mejor; porque indudablemente ninguna empresa, compañía o institución se puede ufanar realmente de entender la calidad. Difícilmente la gente aguanta el enfrentamiento duro cuando las respuestas amuralladas son casi siempre “no hay nada que se pueda hacer” o “llame al número…”. Tras el diálogo se devela que vivimos en un país de ciudadanos silenciados, que aún en la queja se encuentran atados a ninguna respuesta.
Es verdad que nada se hace por regular, que las autoridades no asumen las demandas contra las empresas con seriedad porque no pueden oponerse a quienes dictan la vida económica de este país, que son mayúsculas las imposiciones de estas empresas transnacionales que difícilmente se puede enfrentar a ellas. Estamos pues frente a un Estado que ha perdido su capacidad para intervenir y su sentido de responsabilidad del ciudadano.
Después de esto podemos entonces entender el hartazgo, el cansancio, la vulnerabilidad de una sociedad que no se siente protegida, que dolida solo alcanza a sacar la rabia y la impotencia a gritos, que siente perdido el control de sus autoridades y la desfachatez de las empresas públicas y privadas.
Pudiéramos tomar la vida de la manera más simple, sin complicaciones, sin aspaviento,s sin alteraciones, sin embargo, no es tan fácil. No lo es cuando las cotidianidades nos confrontan con la impotencia, con el desagrado, con la forma más burda de la ineptitud. Frente a eso es darse contra la pared. No es fácil quedarse callado entonces, sino de entender que los silencios se pueden convertir en aullidos... difíciles de soportar.
Tala...democrática.
Iván Triano Gómez.Más allá de idealismos, la oposición de ciertos sectores de la sociedad villahermosina respecto a la tala de árboles de la avenida principal de la nombrada “ciudad industrial”, no escapa del escrutinio de cualquiera. Fácil es pensar que algún actor político la dirige.
Tal posibilidad no impide que la causa, se estime noble y necesaria.
Desde siempre, actores políticos han organizado o motivado a la masa; algunos - los menos – con genuino y verídico idealismo, los más, por mera utilidad y con fines estrictamente particulares.
Lo verdaderamente rescatable en la demanda de los defensores de dicha arboleda, es que aunque se trate de una causa - en apariencia pequeña - en la calle, en la acera, en el salón, en el pasillo, más de uno, comparte la sencillez de la “lucha”. Lo de menos es si el grupo de infantes son manipulados o no. Ellos iniciaron con pancartas simples y garabatos primarios, la denuncia del ecocidio.
Esa convergencia social por lo noble, puede constituir un buen ejemplo de lo que se puede lograr a través de figuras legales como el plebiscito y el referéndum, en donde la sociedad es reconocida como verídico actor político y se le dota de poder. Envía a la basura, la hipócrita representatividad.
Algunos como se ha dicho, no dudarán en la mano negra de algún disidente del actual gobierno en la citada protesta. No obstante es más factible la intervención del gobierno en el “nuevo” grupo que surgió como reacción a la demanda pro naturaleza, pues sin mayor argumento enfatizaron la necesidad de la obra.
Tal característica, permite calificar dicha reacción como visceral.
En efecto, los pro naturaleza, sin duda han de creer al igual que el grupo reaccionario, necesaria la obra vial prometida por el gobierno; sin embargo, contrario a su grupo antagónico, los pro ambientalistas advierten una necesidad mayor: mantener y respetar el orden dado.
Orden dado de por sí, demasiado alterado y afectado.
Sin necesidad de ser técnico o experto en obras públicas o ingeniería, la lógica permite concluir que existen opciones para el denominado circuito vial. Precisamente para ello es el ingenio.
La solución simple y directa, reconoce como único proyecto la plancha de concreto y el derribo de árboles, con la promesa de sembrar igual números de ellos, aunque haya que esperar años para poder gozar de la vitalidad de la naturaleza. Barata sensibilidad.
Precisamente dicha sensibilidad es la que hace la diferencia entre una mentalidad primer mundista y una de quinto patio.
El resultado final del “escandalito”, todos lo sabemos. El gobierno con su acostumbrada arrogancia, ignorará olímpicamente las demandas simples pero sanas, de un pequeño grupo de la sociedad. En el mejor de los casos maquillará con la “legalidad” una solución de menor impacto, algo que le permita salir airoso.
Lo ideal y magno, implica con independencia de que no exista ley alguna que lo instaure o lo justifique y aunque se trate de un asunto “pequeño” (que no lo es), que el gobierno dé voz a la sociedad que pretende “beneficiar” a través de una afectación, al orden natural dado. Que sea la sociedad misma la que decida.
Por años y siglos se han invocado las luchas e “ideales demócratas”, en el discurso oficial, a fin de alentar la esperanza en el día en que la sociedad habría de madurar y ejercer entonces su soberanía plenamente. Ese momento puede comenzar hoy, con algo tan simple.
Que la sociedad villahermosina decida y que el gobierno disponga lo necesario para cumplir con dicha voluntad. Que la sociedad determine la forma en que debe resolverse la construcción de la nueva vialidad: con o sin respeto al entorno natural.
Es obvio todos desean un camino ágil, no sólo en la zona del norte de la ciudad, sino en muchas otras áreas de la capital pantanosa, sin embargo, ello debe efectuarse con respeto a lo que se nos fue dado.
Actualmente existe en el congreso de la unión, con independencia de colores partidistas, la propuesta relativa a que la ciudadanía ejerza a través del referéndum y el plebiscito, la facultad de decidir cuándo debe o no aceptarse la firma de un convenio o tratado internacional, que al final ha de convertirse en ley suprema de la nación conjuntamente con la constitución general.
Es hora que no solo los tratados, sino toda ley sea consensuada por la sociedad, incluso las obras públicas, como medio de control del manejo del dinero público.
En este contexto, sugerir otra opción distinta a la oficial al construir la nueva vía villahermosina y someterla al consenso de la población, significaría un paso adelante; se trataría de un verdadero ejercicio demócrata, del cual se podría incluso obtener capital político, para “beneplácito” del gobierno.
Que quede claro. No hay duda. La obra vial de la ciudad industrial se requiere, pero debe ser respetuosa del entorno.
De perderse esta oportunidad de dignificar al ciudadano, al permitir que de forma directa opine y de manera trascendental influya en las determinaciones gubernamentales, lo único que producirá será reafirmar la desconfianza en el multimillonario y caricaturesco proceso democrático, cuya etapa cumbre y magna, aún no termina de consolidarse, no obstante los siglos, sacrificios, muertos y revueltas invertidas por generaciones de mexicanos. Sería olvidar la diferencia entre el ser racional y . . . el animal.
Religión, Independencia y Unión.
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