De los empréstitos y bonos de marcha.
Hugo Triano Gómez.
Cuando se piensa en finanzas, el superávit es la virtud. El déficit es el defecto. Ante el primer escenario, la distribución planeada del recurso, la inversión y el ahorro son opciones e ideales; ante el segundo, el gasto innecesario, el despilfarro y el endeudamiento son causas y efecto.
Así pues con todo y que el “palo dado ni Dios lo quita”, las recientes reformas en materia de deuda pública dadas en Tabasco, merecen alguna reflexión.
En primer lugar es necesario reconocer que el hecho de que algo se haga en todo el mundo, no necesariamente significa que esté bien. En ese entendido tenemos que aunque los empréstitos o préstamos a cuenta de recursos que no se tienen, sean recomendados hasta por el Banco Mundial, no es indicativo de que esa sea la mejor opción.
En el plano personal quien contrae una deuda, tiene que estudiar los alcances de su “nuevo compromiso”-poner en un balanza lo que le afectará y beneficiará - calcular su capacidad de pago, convencerse que en efecto es la única posibilidad que tiene para resolver el o los problemas que enfrente, entender que tendrá que lograr la eficiencia para hacer redituable el recurso que tras resignarse, tendrá que “cubrir” con una tasa de interés adicional.
Con un préstamo, tampoco puede dejarse de lado, se pierde autonomía, se cede soberanía, se resta independencia. Pero ¿quien en plena mundialización se fija en ello?
Ante lo advertido, los Gobiernos municipales y el Estatal parecerían tener hecha la tarea, pero no. “Evidentemente” el estudio de los alcances y el cálculo de los pagos fueron realizados al aumentar del 8 al 15 por ciento el margen de recursos que se podrían comprometer en base a las participaciones anuales. No es claro, sin embargo, que la opción haya sido la única.
Así pues con todo y que el “palo dado ni Dios lo quita”, las recientes reformas en materia de deuda pública dadas en Tabasco, merecen alguna reflexión.
En primer lugar es necesario reconocer que el hecho de que algo se haga en todo el mundo, no necesariamente significa que esté bien. En ese entendido tenemos que aunque los empréstitos o préstamos a cuenta de recursos que no se tienen, sean recomendados hasta por el Banco Mundial, no es indicativo de que esa sea la mejor opción.
En el plano personal quien contrae una deuda, tiene que estudiar los alcances de su “nuevo compromiso”-poner en un balanza lo que le afectará y beneficiará - calcular su capacidad de pago, convencerse que en efecto es la única posibilidad que tiene para resolver el o los problemas que enfrente, entender que tendrá que lograr la eficiencia para hacer redituable el recurso que tras resignarse, tendrá que “cubrir” con una tasa de interés adicional.
Con un préstamo, tampoco puede dejarse de lado, se pierde autonomía, se cede soberanía, se resta independencia. Pero ¿quien en plena mundialización se fija en ello?
Ante lo advertido, los Gobiernos municipales y el Estatal parecerían tener hecha la tarea, pero no. “Evidentemente” el estudio de los alcances y el cálculo de los pagos fueron realizados al aumentar del 8 al 15 por ciento el margen de recursos que se podrían comprometer en base a las participaciones anuales. No es claro, sin embargo, que la opción haya sido la única.
Referencias serias apuntan a que la falta de oficio legislativo y la conveniencia política en las cámaras federal y estatal, mantienen en el limbo la idea de modificar la ley de coordinación fiscal que “obliga” al Gobierno del Estado a compartir “apenas” (y sin penas) el 22 por ciento de lo que recibe del gobierno federal con la totalidad de los municipios. Una cantidad “sorprendente” para quienes según sus dichos pretenden “fortalecer” a los municipios.
El asunto de los créditos suele además confundir a más de uno. Quien se asuma poderoso, fuerte, por tener acceso a más bajo la promesa de pago, puede ser seguidor de un espejismo. Es cierto que el mecanismo es útil para el financiamiento –sobre todo en las empresas- pero también que esta debió haber ido de la mano de un real ejercicio de eficiencia presupuestal.
Sobra decir que cualquier remuneración superior a los 50 mil pesos mensuales en el caso de quienes encabezan municipios que consumen tres cuartas partes o más de su presupuesto en gasto corriente –como ocurre en Tabasco- parecería exagerada; más si se mantiene la lógica de que dicha erogación solo genera plusvalía a quien dice “habérselo ganado”.
¿No habría sido pues conveniente retomar el asunto de la ley de coordinación fiscal, modificando partidas a distribuir y por ende el monto de los préstamos a los que se podrían hacer acreedores los “entes mínimos” de gobierno? Al final hay que recordar que el pago de los pasivos e intereses correrá a cargo del erario, del contribuyente, de su pago de impuestos, no del dinero del edil que planteó pagarlo a 10 años, no del legislador que sin conocer a fondo aprobó la medida, menos del político que cual banquero del mundo, sabe que su negocio es de ganar-ganar en la extensión de la palabra.
Habrá que relacionar al hecho -aunque sea otro asunto- la última evidencia del mal manejo presupuestal que se hace en Tabasco en plena “crisis mundial” y que ayuda a entender cómo por jugosas que sean las partidas, no habrá dinero que alcance si se mantienen vigentes.
Alejados de cualquier resquicio de moralidad y escudados en la “oficialidad” de un manual de operaciones, los salientes consejeros del IEPC decidieron seguir adelante con el pago discrecional de su “bono de marcha” por sus años de servicio, como si no hubiera sido suficiente la jugosa dieta que mes a mes durante siete años percibieron por “fomentar la democracia en Tabasco” y que sin temor a equivocaciones, terminó haciendo a sus beneficiarios millonarios.
Que el nuevo Presidente del IEPC Alfonso Castillo lo justifique no es de asombrar tampoco, pues ya admitió que piensa en un “nuevo” mecanismo para evitar la erogación de esta percepción, que tenderá a hablar de "ahorros", como si ese dinero no fuera adicional a su dieta.
Lo peor no es ya el poco interés que tengan Enrique Galland, Carlos Aguilar o Juan Correa por referirse al asunto, sí que mientras algunos estudiosos afirmen que hay manera de sentar precedentes en el caso por aquello de la ilegalidad del pago, no haya ni al interior del consejo electoral, de la cámara de diputados o profesional del derecho que haya decidido interponer algún recurso a favor del erario del órgano electoral, que ni instalaciones propias posee.
Quien es indolente y olvida el pasado está destinado a repetir sus errores, de tal manera que no debe sorprender que algún día veamos a cualquier ex miembro de órganos electorales mantenerse vigente y en la nómina, pese a llevarse algo que presuntamente no le correspondía. El “ombudsman” Manuel Argáez es quizás apenas un caso.
El asunto de los créditos suele además confundir a más de uno. Quien se asuma poderoso, fuerte, por tener acceso a más bajo la promesa de pago, puede ser seguidor de un espejismo. Es cierto que el mecanismo es útil para el financiamiento –sobre todo en las empresas- pero también que esta debió haber ido de la mano de un real ejercicio de eficiencia presupuestal.
Sobra decir que cualquier remuneración superior a los 50 mil pesos mensuales en el caso de quienes encabezan municipios que consumen tres cuartas partes o más de su presupuesto en gasto corriente –como ocurre en Tabasco- parecería exagerada; más si se mantiene la lógica de que dicha erogación solo genera plusvalía a quien dice “habérselo ganado”.
¿No habría sido pues conveniente retomar el asunto de la ley de coordinación fiscal, modificando partidas a distribuir y por ende el monto de los préstamos a los que se podrían hacer acreedores los “entes mínimos” de gobierno? Al final hay que recordar que el pago de los pasivos e intereses correrá a cargo del erario, del contribuyente, de su pago de impuestos, no del dinero del edil que planteó pagarlo a 10 años, no del legislador que sin conocer a fondo aprobó la medida, menos del político que cual banquero del mundo, sabe que su negocio es de ganar-ganar en la extensión de la palabra.
Habrá que relacionar al hecho -aunque sea otro asunto- la última evidencia del mal manejo presupuestal que se hace en Tabasco en plena “crisis mundial” y que ayuda a entender cómo por jugosas que sean las partidas, no habrá dinero que alcance si se mantienen vigentes.
Alejados de cualquier resquicio de moralidad y escudados en la “oficialidad” de un manual de operaciones, los salientes consejeros del IEPC decidieron seguir adelante con el pago discrecional de su “bono de marcha” por sus años de servicio, como si no hubiera sido suficiente la jugosa dieta que mes a mes durante siete años percibieron por “fomentar la democracia en Tabasco” y que sin temor a equivocaciones, terminó haciendo a sus beneficiarios millonarios.
Que el nuevo Presidente del IEPC Alfonso Castillo lo justifique no es de asombrar tampoco, pues ya admitió que piensa en un “nuevo” mecanismo para evitar la erogación de esta percepción, que tenderá a hablar de "ahorros", como si ese dinero no fuera adicional a su dieta.
Lo peor no es ya el poco interés que tengan Enrique Galland, Carlos Aguilar o Juan Correa por referirse al asunto, sí que mientras algunos estudiosos afirmen que hay manera de sentar precedentes en el caso por aquello de la ilegalidad del pago, no haya ni al interior del consejo electoral, de la cámara de diputados o profesional del derecho que haya decidido interponer algún recurso a favor del erario del órgano electoral, que ni instalaciones propias posee.
Quien es indolente y olvida el pasado está destinado a repetir sus errores, de tal manera que no debe sorprender que algún día veamos a cualquier ex miembro de órganos electorales mantenerse vigente y en la nómina, pese a llevarse algo que presuntamente no le correspondía. El “ombudsman” Manuel Argáez es quizás apenas un caso.
A todo esto, lapidaria resultó la frase vertida por el ex Presidente del IET Leonardo Sala Poisot que se atrevió a calificar el asunto con un “que poca madre”. No se sabe si lo hizo por que en sus tiempos de consejero no se lo dieron o qué, pero de que tiene razón, ni una pizca de duda cabe.
1 comentarios:
JAJA "QUE POCA MADRE"...SIN DUDAS ES UN EXPRESIÓN DE RENCOR POR NO HABERLE TOCADO A SALA POISOT SU BONO DE MARCHA.
LOS FUNCIONARIOS DE ALTA JERARQUÍAS, DADOS LOS SUELDOS MILLONARIOS QUE AL MES RECIBEN, NO DEBIERAN DE RECIBIR NINGÚN OTRO PAGO POR CONCEPTOS DE BONO, O GRATIFICACIÓN ALGUNA.
EN CHINA LA CORRUPCIÓN Y EL DESVIO DE FONDOS PÚBLICOS SE CASTIGA CON PENA DE MUERTE. SERÍA MARAVILLOSO INSTAURAR DICHA PENA EN EL ESTADO POR ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO, DEPURARÍA EXCESIVAMENTE A LA CLASE POLÍTICA LOCAL.
¿POR QUE SERÁ QUE LOS POLÍTICOS SE OPONEN PRINCIPALMENTE A LA PENA DE MUERTE?...PRECISAMENTE POR EL TEMOR DE QUE EN ALGÚN MOMENTO SE LES IMPONGAN...
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