Ricardo Sashiel Rivera Pizarro

Decir que la plantilla burocrática de Tabasco necesita una recomposición no es nada nuevo. Decidir adelgazarla sería innovador. Pero hacerlo sin las debidas consideraciones, la transparencia suficiente y el cuidado mínimo, podría provocar contrario a lo que se esperaría, un problema de altas proporciones.

En Tabasco, recientemente se admitió que se tomó la decisión de disminuir la plantilla laboral de la administración, sin embargo hay que remarcar la palabra “admitir” en esta frase. Y es que desafortunadamente, tal y como ha sucedido en otras ocasiones, el Gobierno estatal le apostó al silencio y sin menoscabo dio el tijeretazo a la nómina sin siquiera dar un aviso previo. De un día para otro se dieron los despidos masivos en por lo menos diez organismos que desaparecieron del Gobierno. Estos, añadiéndose a los que por semanas se intentaron ocultar, evadir y hasta ignorar y que según cifras oficiales son de 3 mil 64, pero que de manera extraoficial apuntan a llegar hasta 10 mil.

Las bondades de una reducción de 48 mil a 38 mil funcionarios públicos del ejecutivo estatal podrían ser muchas, siempre y cuando la medida viniera acompañada de soluciones para que quienes dejen de percibir un salario diariamente obtuvieraon por lo menos un seguro para que se reintegren a la población económicamente activa de la entidad, en vez de sumarse a quienes hoy por hoy abultan la lista de desempleados en el país.

Hay que recordar además, el antecedente de que en el Gobierno granierista la transparencia se da por presión y no por convicción. A esto habría que sumarle que el fondo de pensiones de los burócratas se ha puesto en entredicho no sólo por actores políticos, sino por calificadoras internacionales que han advertido el riesgo de un quebranto financiero eventual, lo que dejaría en indefensión a miles de personas que en algún momento buscarán su jubilación.

Hubiera sido plausible que la “difícil decisión” de eliminar trabajadores de la nómina estatal llegara de manera paulatina, con un aviso de por medio y con la claridad suficiente para entenderla en su totalidad. Sin embargo, las prisas con las que se dio y la poca información que se ha obtenido al respecto sólo alimentan más y más la versión de que el problema “de alguna manera” se les salió de las manos, que el famoso quebranto tan negado por las autoridades es tan real que actualmente se intenta solucionarlo a como dé lugar, aún y si por ello se pone en riesgo la estabilidad social.

El semáforo de alerta en el estado se mantiene y parpadea cada vez con más fuerza, el mismo semáforo que en su momento cuestionó los regalos como vehículos, bicicletas y computadoras que el Gobernador hacía en cuanta fiesta acudía; el mismo que se mantuvo encendido cuando vía el Congreso Local -en plena inundación- se aprobó sin argumentos un endeudamiento al erario por 4 mil millones de pesos a pagar a 30 años; es la alerta que sonó desde que se dieron las versiones de corrupción en el Gobierno por venta de terrenos, pago de bonos de fatiga, gastos excesivos de recursos, entre otros. La misma alerta que hoy advierte que la decisión tomada tarde o temprano traerá repercusiones al estado.