Alberto Martínez Pérez

En México existe hoy en día una crisis de gobernabilidad y desencanto hacia la llamada “clase política” que hace imposible que la ciudadanía crea en los “actores” y en la misma actividad como un medio eficaz para resolver los problemas de la sociedad y elevar su nivel de vida.

Pagar impuestos cada día se torna más difícil para la mayor parte de la población, porque se aportan contribuciones altas y sobre todo porque no se observa y/o se siente que el pago de las mismas redunden en un mejoramiento del nivel de vida; peor aún, a pesar de que en las últimas décadas el petróleo reportó los mayores ingresos a las arcas nacionales (por encima de la recaudación a como se demuestra en las leyes de ingresos) no se reflejaron en un crecimiento en la calidad de vida de los mexicanos, muestra de ello son los millones viviendo en pobreza y extrema pobreza, y otros tantos en el país vecino por el desempleo y los bajos salarios.

Es decir, en un país con riqueza petrolera y en recursos naturales como el agua, bosques y metales preciosos, la clase gobernante fue incapaz de convertir toda la riqueza en un detonante para impulsar el crecimiento económico y social, logrando así expulsar a México del subdesarrollo y del estancamiento social.

No es por ello de sorprender que la mayor parte de la población está asqueada de la política, de las elecciones y de los discursos políticos, pues la gran mayoría tiene que vivir con un salario raquítico que no alcanza para satisfacer sus más elementales necesidades: El alimento, el vestido y una vivienda decorosa.

Tampoco es de extrañarse que reconocidos especialistas como el rector de la UNAM, estén pronunciándose ante el creciente peligro de un estallido social, a raíz del descontento de la población y la incapacidad de la clase política para solucionar los problemas de la mayoría, de dar respuesta pronta y expedita a las grandes demandas sociales dejando a un lado los paliativos que sólo alargan los problemas y en el fondo nada solucionan.

Así las cosas, el probable riesgo de un estallido social hace urgente tomar acciones en todas las esferas del poder. Para ello es necesaria la reforma del Estado, eliminar de raíz vicios antiguos del poder público, hacer el sistema más democrático y transparente; capacitar a través de la educación a las próximas generaciones para que aprendan a usar el sistema y que éste no se sirva de ellos.

Urgen reformas de fondo a la Constitución Federal, para hacer de ella en verdad un programa político, económico y social acorde a la realidad que vive México; vivimos con una Constitución altamente remendada, que no está en sintonía a lo que vivimos como Nación (es claro que desde 1917, a pesar de las inmensas reformas que se le han hecho, no se ha planteado una reforma integral y coherente al sistema político mexicano), por ello es importante convocar a todos los sectores sociales a participar y a través del dialogo hacer un verdadero “proyecto de Nación” en nuestra Carta Magna.

Es necesario plantear un nuevo modelo del poder público, que tenga como finalidad evitar y castigar severamente la corrupción en todas las esferas del poder público, para que todas aquellas personas que toquen un solo peso del erario que no les corresponda, sean severamente castigadas por traicionar a la Patria y robar a la Nación; es increíble que todos aquellos que roban en la calle sean más castigados que los malos políticos que roban dinero del erario y a todos los mexicanos, cuando a través de mecanismos constitucionales como un Fiscal independiente de los tres poderes tradicionales puede evitarse que en tratos políticos, ya no se castigue a cierto funcionario por pertenecer al mismo partido que el Fiscal (véase el caso de Argentina que cuenta con un Fiscal completamente independiente de los tres poderes tradicionales, incluso del Legislativo y no puede ser removido por ellos) .

Con una Constitución que contemple un verdadero proyecto de Nación, y que vele por evitar los vicios tradicionales del poder público, es posible que la ciudadanía vuelva a creer un poco en la clase política, y no porque esta se encuentre llena de “buenas intenciones”, sino porque se crearán mecanismos legales y políticos para evitar en la medida de lo posible que se sigan con las mismas prácticas añejas del poder.

La alternancia en el poder con la llegada de Vicente Fox, fracasó en su intento de mejorar las condiciones de vida de los mexicanos, porque sencillamente se instaló un nuevo presidente con la misma Constitución y con los mismos mecanismos legales del antiguo régimen. Lo más sano habría sido cambiar radicalmente el sistema político establecido en la Constitución y hacerlo acorde a la realidad del nuevo siglo.

Si México quiere mejorar como Nación y evitar que los connacionales en EUA sigan allá sufriendo discriminación con leyes como la conocida disposición antiinmigrante y mejorar la calidad de vida de todos los mexicanos, es necesario un nuevo Pacto Social; es importante cambiar las reglas del juego, que todo aquel que llegue al poder esté vigilado por todos los frentes y le sea imposible tocar el erario para beneficio personal, que el dinero público sólo se use para beneficio de la colectividad, que se “programen en la Constitución” las nuevas reglas del juego, de tal forma que los trabajadores de este País dejen de ser explotados por unos cuantos pesos que no alcanzan; que se empiece a distribuir la riqueza nacional entre todos los mexicanos; es increíble pues que naciones sin los recursos naturales de México sean países desarrollados y nosotros sigamos en el subdesarrollo.

Una nueva Constitución en donde, por ejemplo, se petrifiquen los derechos humanos fundamentales de todos los habitantes de esta Nación; que para reformar alguno de los derechos humanos fundamentales establecidos en la Carta Magna, sea necesario el consenso de todos los actores políticos y no sólo de una mayoría calificada, es decir, que no sólo se necesite de la mayoría de los partidos políticos para modificar un derecho humano fundamental como está establecido actualmente, sino que se requiera del consenso de todos ellos para vulnerar alguna garantía individual. Esto se plantea como propuesta para evitar que por “ocurrencias de ciertos grupos mayoritarios” se pretendan vulnerar derechos de minorías, cuando en un estado democrático los derechos humanos fundamentales deben ser protegidos para todos los habitantes.

Una nueva Constitución que sea un nuevo Pacto Social, para dar respuesta a las grandes demandas sociales, para que la gente vuelva a creer en el sistema y por medio del dialogo se logre la participación de la gente en los asuntos públicos. La mayoría ya no cree que pagando impuestos se va a lograr el desarrollo social y la estabilidad, la planeación fiscal, erradicar vasión fiscal, la informalidad, la falta de participación de la ciudadanía en las elecciones, el descontento de la mayoría de los grupos sociales con el actuar de los políticos, en fin, el hartazgo social y el descontento y apatía son signos claros de que el “viejo sistema” necesita “renovarse” de fondo y llevar a la ciudadanía a participar y opinar sobre la nueva dirección que debemos llevar ahora para mejorar como país y heredar algo mejor a nuestros hijos de lo que hemos vivido.