El patrimonio público en los tiempos del viejo y el nuevo... dinosaurio.
Hugo Triano Gómez.
Utilizar el patrimonio de un
estado para beneficiar a particulares o partidos políticos está mal. Es
indebido y contrario al interés colectivo. Afecta las arcas públicas y
convierte la "administración" en nada más que catorce letras sin
significado.
México ha avanzado en materia
legal tratando de que eso no suceda, pero aún está lejos de presumir eficacia.
La revelación de la Secretaria de administración en Tabasco, Eloísa Ocampo,
respecto a que el gobierno estatal “podría” ser dueño de 4 mil inmuebles, así
lo demuestra.
Lo demuestra porque en primer
lugar no se tiene la certeza del total de propiedades, porque apenas
aparecieron en la referida dependencia 700 escrituras; es decir, ni una cuarta
parte de las "pertenencias" presumidas.
Amén que el número parece
voluminoso, el "arte" de elucubrar orilla a preguntar -mínimo- ¿cuáles,
desde cuándo, bajo qué términos y a quién o quiénes se le adquirieron? ¿Cuál
fue y es su utilidad pública, si ésta es real, cuál es su estatus y cuánto
puede ayudar a paliar la crisis financiera por la que se atraviesa?
¿Fueron justos los montos que se
pagaron? ¿Hubo alguna donación, embargo u acto administrativo parecido o
paralelo? ¿Los gobiernos del pasado administraron adecuadamente "lo de los
tabasqueños" o hicieron gala del derroche y la embriaguez del poder? ¿Dónde
están las 3300 escrituras que faltan? ¿Por qué otras tantas están en el
INVITAB, si a lo sumo este dispone de las reservas territoriales para la
edificación de vivienda de interés social?. Las respuestas más allá de constituir
un derecho fundamental de los gobernados en los tiempos actuales, son
elementales para comprender la escena.
Es de asumirse también que en la
lógica de la prolongada era priísta en Tabasco, "nada de malo" habrán
visto en su proceder los gobiernos estatales de antaño, aún así hayan
favorecido el uso de los edificios públicos por y para sus afines. Hoy si el
primer gobierno opositor y de la “izquierda” en suelo choco hiciera lo mismo,
estaría prendiendo el fuego de su propia hoguera.
Ahora que, sin menoscabo de las
transacciones legalizadas, el gobierno de Arturo Núñez tiene toda la potestad y
las condiciones para reclamar y retirar -para el empleo de la burocracia- los
edificios que no tengan regularizado su estatus. Es lógico y hasta de sentido común
hacerlo para evitar el desembolso de sumas mayores a largo plazo, entendiendo
que una renta siempre va a la alza, nunca a la baja.
¿Por qué nunca antes alguien se
dio a la tarea de fijarse en esto? Las inercias y las componendas, sin duda, se
relacionan con el abuso del poder y sus consecuencias.
Y es que aunque para algunos el
asunto de los edificios del gobierno solo sea anecdótico, el que se exhibe aquí,
el que ha quedado evidenciado con él, es el siempre señalado
"sistema" PRI-gobierno, el mismo que siempre negó haber actuado en
base a sus intereses políticos… y electorales.
Aquí no se puede culpar solo a
Andrés Granier, con todo y que hoy sea el villano favorito en suelo tabasqueño,
aunque aprovechado las inercias no vendría mal una auscultación para determinar
porqué se optaron por seguir pagando montos, en vez de privilegiar lo propio,
lo adquirido.
¿Qué el PRI podría perder un
estacionamiento y el edificio de su sector popular? Si no hay papelitos que
hablen, más vale prepararse para una eventual disputa.
Quien lo dijera, en una esquina
su anterior "primer defensor" y en la otra, los que más prerrogativas
para satisfacer sus necesidades han empleado en la historia de Tabasco. Una que
-créase o no- por solo tratar el
tema…ya es distinta.
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