Las dificultades del caso Rullán.
-
Hugo Triano Gómez.
El caso que "examina"
la salida de Francisco Rullán de la titularidad del Órgano Superior de
Fiscalización, no es por mucho, sencillo. No lo es, pese a que ya se descartó
retirarlo del cargo por el solo hecho de haberse consumado el "relevo en
Tabasco".
Y es que proceder contra Rullán
a la "malagueña" fue una "opción real" al inicio de todo
esto. Afortunadamente para la nueva
administración no se incurrió en un nuevo exceso, que a la larga no solo
lo habría exhibido, sino que lo habría metido en una dinámica legal indeseable,
si se parte del que se asume, es el objetivo real perseguido por el gobierno Nuñista.
¿Qué es pues lo que busca el
"gobierno del cambio", si no más que quitarle poder al llamado desde
hace mucho, cómplice del saqueo de Tabasco?
No en balde el propio mandatario
estatal fue contundente al cuestionar dónde estuvo el fiscal todo este tiempo,
que nunca detectó nada del saqueo adjudicado a la administración de Andrés
Granier. ¿Cómo defenderá Rullán su participación en el proceso de revisión de
cuentas públicas, ante la evidencia de malos manejos financieros? ¿Se atreverá
de nuevo a justificar en el azar, que la Secretaría de Finanzas de José Sáiz no
haya sido revisada en el ejercicio 2011, como recién se exhibió?
Cierto es que fundar la
destitución de un funcionario del calibre de Rullán requiere minuciosidad y
nada de prisas. Más cuando la ley de fiscalización superior del Estado advierte
solo causales graves para ello. Ventilar la información confidencial o
reservada que tenga bajo custodia; conducirse con parcialidad en el proceso de
revisión de la cuenta pública y en los procedimientos de fiscalización e
imposición de sanciones, podrían parecer las más viables a juzgar por los
dichos de hace años contra "Paco Rullán"…pero se requieren
pruebas.
Una dificultad adicional y
fortuita surge cuando se recuerda la cercanía histórica entre el gobernante Núñez
Jiménez y el aludido fiscal, muy a pesar de que la historia cuenta la
"traición" de Rullán cuando el ahora gobernador fue avasallado por el
priísmo y Manuel Andrade, buscando ser candidato por el PRI.
Su incrustación en la entonces
Contaduría Mayor de Hacienda y su proceder a lo largo de los años parecen haber
rubricado la distancia entre ambos, aunque en política nunca se sabe.
Quizás por ello, una intervención
directa (directísima) del gobernador Núñez se torne necesaria en el caso, luego
de la frustrada negociación para que Rullán renunciara encabezada por Rafael
Abner Balboa y que se sabe llegó a molestar a algunos de sus compañeros
legisladores, pues se buscó a través
de sus dietas juntar la indemnización que aquél recibiría.
Con la posibilidad diluida,
resta decir que pocos atendieron -y entendieron- que esa "salida" era
equivalente a brindarle inmunidad e impunidad a alguien que debe amplias
explicaciones.
Por el contrario la idea de
convertir al OSFE en un órgano colegiado con 5 fiscales no luce tan peligrosa y
ahora mismo parece una salida razonable al asunto. Luce así por que concuerda
con el citado primer objetivo.
Reformar la ley de fiscalización
superior del estado, si bien en público buscará "optimizar" el
ejercicio del órgano fiscalizador, en los hechos apostará por restarle -si no
se le puede extinguir- poder a Rullán Silva.
Para tal efecto, colocarle 4
"compañeros incómodos" al fiscal acostumbrado a obedecerse solo a sí mismo y
al jefe del estado, cumple el requisito de respetar sus "derechos" y
puede mediante la adecuada legislación, hacerlo uno más de los fiscales y no
necesariamente el principal, pese a sus 12 años en el puesto. La tarea de
limitarlo o reducirlo no luce descabellada, si se piensa también en que más
ojos en su actividad, podrían "orillarlo" a un mejor trabajo o mínimo
a cuidar su actuar.
Empero si se insiste en su
salida, el camino es claro, quizás, simple. Detectar la gravedad de su actuar,
documentarla y proceder, es como se dijo, lo complejo.
La ley a ese respecto prevé que
se requieren 2 terceras partes de la legislatura vigente para destituir al
fiscal superior, condición lograda con los partidos de izquierda allí
representadas, más el apoyo anunciado por la bancada panista con sus 2
sufragios.
No obstante, que Abner Balboa
sostenga en su última versión que luego que Rullán se negó a renunciar, el caso
podría resolverse en un mes, huele hoy a puro deseo.
La verdad es que aún le quedan al
gobierno y sus órganos afines, 2 años para revisar, documentar, vigilar y
"fiscalizar al fiscal", tratando -sí- de agarrarlo con las manos en
la masa. Pasado ese tiempo, su mayoría podría ser más que una nueva dificultad.
. . historia.
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