IEPCT: De escándalos consumados y desapariciones pensadas.
Hugo Triano Gómez.
Una semana después, el asunto
del IEPC está más claro que al inicio. El "manoseo" del caso que contribuyó a la confusión
inicial, parece comenzar a quedar sin efecto.
Hoy por decir lo menos, se sabe que la
Contraloría interna optó por quedarse lejos...de la severidad.
Y es que la mayor de las
inhabilitaciones que plantea en su resolución -por la escandalosa compra de un edificio sobrevaluado destinado a ser su sede- es de apenas 5 años que alcanzaría
-eso sí- la esfera del ex Presidente del Instituto y ahora "jurídico" de la UT Alfonso
Castillo Suárez que sepultará así su vida pública y al ex Secretario de
Organización Carlos Íñiguez. 5 años que parecen poco ante el confirmado
atentado al patrimonio del IEPC y que según "lo oficial" alcanza los 12 millones
de pesos.
Dicho en otras palabras -y en
ambos casos- por cada 2.4 millones de pesos "pagados de más", presumiblemente para beneficio de los
que participaron en la adquisición del edificio, corresponde a estos un año
de inhabilitación. Más aún, revisando el caso de los consejeros involucrados a
través del comité creado para consumar la compra: Gustavo Rodríguez Castro, Héctor
Aguilar Alvarado y Jorge Montaño Ventura, lucen beneficiados por la
benevolencia de la contraloría interna que apenas y los suspendió por 4 años, o
el equivalente en base al ejercicio anterior, a 1 año de inhabilitación por
cada 3 millones de pesos que no se debieron pagar. Así de corta podría pensarse
fue la resolución.
Nadie ha negado alguna vez, que
TODOS los consejeros sancionados y los actuales y anteriores integrantes de la
Junta Estatal Ejecutiva tengan el derecho de defenderse, tan es así que se da
por sentado que sin excepción se iniciarán procesos de defensa que por obviedad
retardarán la resolución definitiva del asunto.
Claro que la cosa "más importante" en todo esto
será recuperar el millonario monto, sin menoscabo de la remoción del pleno de
consejeros que deberá llevar a cabo el Congreso local en base a sus
facultades. Ilógico, absurdo, increíble sería mantener tras la confianza
perdida, a los árbitros electorales para que manejen -otra vez- en base a un
criterio cuestionado, el recurso que ya emplearon inadecuadamente.
Hay que añadir que las dudas
respecto a la sanción para los consejeros que no formaron parte del comité de
compras parecen razonables, pero al final -será seguramente- una instancia
jurisdiccional la que decida si ha lugar a alguna sanción para ellos o fueron
involucrados erróneamente.
Como sea en el IEPC deben
extinguirse los vestigios de un consejo que otra vez quedará a deber. Debe
someterse a un nuevo proceso de selección total de sus miembros, que se
encontraría de frente con el deseo del gobernador Núñez de que sea el IFE el
que organice las elecciones locales intermedias. La coyuntura existe ya.
¿Desaparecer el Instituto? Realmente
tampoco sería una mala idea. Después de todo, cuando el IET cambió su nombre y
sus siglas por unas nuevas, el plumaje -a juzgar por los acontecimientos- siguió
siendo el mismo. Baste recordar los señalamientos y episodios peculiares de las
gestiones de Leonardo Sala, Stalin Velázquez, Martín Rueda de León, Manuel Argáez y del propio
Castillo Suárez.
¿Desaparecerlo? Más que recursos
-si no hay cambios de actitud- lo que los tabasqueños se estarían ahorrando
para el futuro serían nuevos y mayúsculos bochornos, amén de varios y nutridos dolores de cabeza. Pero fundamentalmente, sobre todo, más decepciones ante un nuevo deber. . .incumplido.
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