De ultrajes, castraciones y festines notarojeros.
Hugo Triano Gómez.
¿Cuántas cosas más tienen que pasar en México para tomar medidas que sienten precedentes capaces de inhibir una conducta? ¿Cuántas mujeres más tendrán que sufrir la bestialidad de un ultraje sexual sin que se sientan desamparadas y puedan percibir -si cabe el término- que se hizo justicia?
La detención hace unos días de un violador serial en el Estado de México, que atacó a más de 30 mujeres, privando de la vida a algunas de ellas, obliga a explorar escenarios hasta ahora evitados por la doble moral. La misma que dice querer proteger sobre todas las cosas a la mujer, pero por el otro evita castigos ejemplares a quienes llegaron al límite de la ruindad con ellas.
Hechos como estos exigen no tratar más en México de la misma forma, a quien ha decidido abusar de su condición de fuerza y circunstancia para lacerar la fibra más delgada de la sociedad; sostener las cosas como hasta hoy es alentar a otros a reproducir el mal ejemplo y mantener a los indignados en la indefensión; es debilitar las instituciones y enviar el peligroso mensaje de que la justicia solo puede obtenerse por medios distintos al de la ley.
Por eso es digna de observar la iniciativa de reforma al código penal del Estado de México, que ha comenzado a tomar fuerza tras los acontecimientos comentados. Endurecer las penas contra los violadores hasta duplicarlas y contemplar la castración química no es un exceso y sí, son dos puntales que los derechos humanos no deben "derribar" con ligereza.
A este respecto vale la pena añadir que la uniformidad en los criterios sigue haciéndose necesaria para enviar una señal de auténtico combate al flagelo, tanto en el norte, como en el centro y el sur del país.
De aprobarse la "idea" en el congreso mexiquense, los violadores pasarían de alcanzar entre 5 y 15 años de prisión a penalidades de 10 a 30 años, superando por ejemplo, los 16 que -máximo- puede alcanzar alguien que haya cometido el delito en Tabasco.
Justamente ante el aumento de la pena es que se abre la posibilidad de que quien habiendo purgado la mitad de su sanción, "solicite" la reducción del líbido mediante medicamentos, so pena de volver a la reclusión si abandona el tratamiento. Es cierto que la supervisión como "mecanismo de garantía" cobrará una importancia mayúscula sin que se hallan resuelto problemas básicos en la administración e impartición de justicia, pero de eso a esperar una auténtica readaptación social en las condiciones conocidas de los ceresos, parece una mejor opción.
Ambiciosa resulta por otro lado, la pretensión de reducir hasta el 50 por ciento los casos de abuso sexual con la medida, pues si bien es deseable, ésta requiere de la prevención del delito como aliada y más aún, de un cambio de actitud cultural y educativa en función de la mujer, uno que puede y debe atenderse en el aula, pero fundamentalmente en casa. Debe trabajarse allí pues tampoco es "simple coincidencia" que menores de edad, cada vez más se vean involucrados en casos como este.
De resaltar es el trabajo que la sociedad debe desarrollar en la materia; urge una sociedad solidaria y una que obligue a los medios de comunicación a tratar con seriedad el asunto, una que no permita más a los notarojeros darse un festín . . .con la desgracia ajena.
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