¿Rebelión o Civismo?
Iván Triano Gómez.
Para
nadie es una sorpresa, los legisladores federales - representantes de los
intereses populares - hace días decidieron concretar la denominada reforma
hacendaria, que en entre otras cosas generan el aumento de gravámenes, en
detrimento directo de la clase media de nuestra Nación.
Los
detalles en torno a dicha reforma han sido amplia y constantemente discutidos;
en términos generales, se trata de encarecer la vida de consumo vital
(exceptuando los vicios) y reducir a la vez el poder adquisitivo de la clase
media trabajadora. En términos sencillos: ahorcar aún más a la misma mula.
Pareciera
que el Estado Gobierno tiene la firme intención de empujar a la
población a un escenario sangriento tal cual implicó, la denominada “Revolución
Mexicana” de 1910, que no fue más que una revuelta civil encausada, en la que
quien perdió material y humanísticamente, sólo fue la sociedad Nacional
y los únicos beneficiados los mismos de siempre: la clase política oligárquica.
En
este contexto, cuando el rector de la sobrevalorada Universidad Nacional
Autónoma de México, simultáneamente con el Epicospado Nacional han externado
públicamente el temor de un estallido social para 2010, adquiere relevancia el
tema de la representación social.
El
poder desde siempre ha sido objeto de estudio y críticas, por ello al
descartarse hoy todo camino distinto al del sistema “democrático” tal
cual se práctica, solo queda el camino crítico, el de cuestionar las
instituciones que presumen de democráticas.
Así
pues, la razón original del representante popular, -en teoría- además de servir
de contrapeso del monarca o dictador (acepción positiva: dictador de leyes;
la noción negativa de aquél, implica la tiranía) la constituye el servir de
canal entre el poderoso o el Estado y el común o ciudadano.
Efectivamente
el representante popular, diputado, parlamentario o como se le quiera llamar
tiene como propósito-razón de ser, servir de “puente” entre el poderoso
y el común a fin de acortar la brecha político socio económica entre
ambos elementos del Estado; al menos esa fue la justificación político
histórica que dio y ha dado lugar a un sin número de conflictos sobre el
particular, pues aunque genéricamente se invoque o reivindiquen tales
movimientos como luchas sociales, la experiencia ha demostrado que la sociedad
es lo último en dicha dinámica.
Tal
aseveración como se precisó adquiere actualidad, pues la gran mayoría de
los mexicanos hoy en día se siente de todo, menos representado. La gran mayoría
de la clase media trabajadora, sabe y comprende que mayores impuesto agudizan
la crisis financiera que se vive; intuye que con dichos remedios, poco o
nada habrá de mejorar en el mediano o corto plazo.
Un
verídico ejercicio democrático implicaría que los legisladores
atendieran las manifestaciones en contra de los sectores laborales del país, de
los intelectuales, del ciudadano común; es curioso obervar cómo en determinados
casos la sociedad “nunca se equivoca” y cómo en otros la clase política afirma
que la misma sociedad es visceral y ciega, por lo que no es madura para
autodeterminarse (caso del consenso nacional para la instauración de la pena de
muerte).
Es
cierto, que la problemática nacional no debe ser sometida absolutamente
a la opinión pública; sin embargo lo mínimo que puede exigirse a un Estado que
presume de democrático y representativo es otorgar a los sectores de la
sociedad el derecho a intervenir (De hecho) en la discusión en torno a
las políticas de Estado, incluso en las que se estiman estratégicas a fin de
proponer, escuchar y desechar propuestas.
No significa pues que en automático el Estado Gobierno deba aceptar toda iniciativa ciudadana. Lo que se exige es un verdadero ejercicio de intervención cívica, que hasta ahora ha sido ridículo al limitarlo al sufragio en la elección de representantes, es decir, a una acción muda en función de que el ciudadano se haya atado de manos desde un inicio para elegir por sí mismo a aquéllos en calidad de candidatos, pues tiene que elegir exclusivamente de entre los sujetos que la cúpula partidaria- gubernamental selecciona previamente. Los de su gusto, los de su modo.
No significa pues que en automático el Estado Gobierno deba aceptar toda iniciativa ciudadana. Lo que se exige es un verdadero ejercicio de intervención cívica, que hasta ahora ha sido ridículo al limitarlo al sufragio en la elección de representantes, es decir, a una acción muda en función de que el ciudadano se haya atado de manos desde un inicio para elegir por sí mismo a aquéllos en calidad de candidatos, pues tiene que elegir exclusivamente de entre los sujetos que la cúpula partidaria- gubernamental selecciona previamente. Los de su gusto, los de su modo.
Luego
el ciudadano elije a un monigote cuyo interés es partidario antes que
nada, nunca ciudadano, nunca el de Juan Pérez dedicado a la plomería, con
ingresos diarios de cien pesos, cuando bien le va.
No
debemos permitir ya que las cúpulas políticas decidan arbitrariamente
sobre nuestras vidas, menos aún respecto de nuestras generaciones futuras que
deberán llevar encima el yugo socio económico planeado e implementado hoy. Si
lo que quieren es poder, que se queden con él pero que lo ejerzan conforme al
sentir de la sociedad, no en contra de ella.
En
síntesis, hoy más que nunca, ante el panorama económico previsto, es factible
pensar como sociedad en exigir herramientas eficaces que acrecienten y
hagan despegar por fin y en serio la intervención cívica. La
historia reciente ha demostrado que la representación por sí misma no es
suficiente, esperar puede ser peligroso. No permitamos que la
historia se repita y nos haga ver que no hemos aprendido la lección.
Siendo
precisos, a ningún representante popular se ha escuchado aludir la relevancia
de retomar la discusión de la monetización de la onza de plata (ver Máss
Opinión 14/10/09) a fin de encarar la crisis actual, sea factible o no.
Debatir es la clave. Que el representante le de voz a la sociedad respecto del
tema, seguro le demandará inmediata acción.
El
referéndum, el plebiscito, y la remoción de representantes son sólo algunas
herramientas posibles de regular jurídicamente que deben ser consideradas por
la clase gobernante de este país en su verdadera dimensión. No deben temer
otorgar tal poder a la sociedad, si es que en verdad aman al pueblo y si en
verdad son demócratas. Tales figuras representan formas alternas de obtener
legitimación por parte del Estado ¡Qué mejor que gobernar no de cara al pueblo,
sino junto a él!
Religión,
Independencia y Unión.
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