Alarma Social. (2da parte)
Ricardo Sashiel Rivera Pizarro.
El pasado jueves 15 de
septiembre, quienes estuvieron activos en las redes sociales realizaron
involuntariamente un ejercicio práctico y útil en la ruta del Código Penal del
estado hacia la posible reforma por el tema de “alarma social”.
Y es que, al medio día un ‘twit’ que salió de la cuenta @DiarioPresente
provocó que se propagara la preocupación de cientos de tabasqueños. El llamado
“diario del sureste”, en su edición en línea emitió el siguiente comentario:
“Informan que al parecer se cayó el puente Samaria que va de Cárdenas a
Villahermosa, en un momento más información”. Los poco más de 100 caracteres
provocaron, sin que al parecer el autor lo hubiera medido, una preocupación
generalizada en los usuarios de Twitter que lo leyeron.
A los pocos minutos, el ‘retwit’ que muchos le dieron a la información
generó una consternación tanto en reporteros de otros medios como ciudadanos
que para ese entonces ya sabían de la caída de un puente. Algunos preguntaban “¿es
cierto?”, otros más ya lo
daban por hecho y decían que el tráfico en la zona lo comprobaría: “pasó lo
mismo que con el Tonalá”.
Otros más escépticos, intentamos comprobar la información con otras fuentes que
tardaron en corroborar los datos hechos públicos y compartidos, para ese momento
ya por más usuarios de la red del pájaro azul.
Al final, antes de que quienes
tenían planes para ir a la Chontalpa los cancelaran y el asunto se convirtiera
en histeria colectiva, el Gobierno del estado “reaccionó” a través de su cuenta que activó justamente
para aclarar rumores y twiteó que la información difundida por el diario
Presente era falsa, asegurando que no había tales daños. Al poco tiempo, los
funcionarios estatales del sector aparecieron en los medios de comunicación
–como pocas veces lo han hecho- y el asunto finalizó como nada más que un rumor.
Más allá de analizar la actitud
y ética del medio de
comunicación que –al parecer- erróneamente publicó la información, y sobre todo
la connotación política del hecho por la relación del gobernador Granier con la familia dueña del periódico, es
importante reflexionar en lo que sucedió como una práctica de lo que se debe
hacer en caso de la difusión de un rumor y lo que podría pasar si la tan
mencionada reforma al Código Penal estuviera vigente.
De entrada, aunque el
responsable del twit hubiese sido un periodista y por tanto sería excluido (de
investigación) según las propias declaraciones de las autoridades, habría
quienes pedirían una investigación por la “alarma social” provocada. O por lo menos cuestionarían si
la gravedad del asunto no lo ameritaría. Otro punto que también aparece en los
cuestionamientos, es si la información equivocada hubiera sido publicada por
una persona ajena a los medios de comunicación, ¿sería investigada y castigada
con todo el peso de la ley? ¿y qué hay de quienes, en el afán de continuar la
cadena de información retwitearon el dato o lo compartieron como propio? El
asunto sigue estando vigente y lo estará mientras la reforma no se apruebe.
Además que es innegable que en tanto eso pase, todas las inquietudes sin
respuesta están fundadas, sobre todo luego que la PGJ en su última declaración,
no sólo no dejó claro cómo se investigaría a los “rumorólogos” sino que además
aseguró que el delito no se perseguiría de oficio, pese a que algunos diputados
ya habían “adelantado” lo contrario.
Lo que hay que agradecerle a “Presente
Multimedios” en medio de
toda esta confusión es que su criticado error generó una ola de confusiones que
activó la defensa del Gobierno del estado, que sin darse cuenta, en el momento
hizo lo que muchos creemos es su deber: Acallar los rumores con efectividad y
prontitud y sobre todo sin sancionar a alguien.
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