El derecho a saber.

Posted on 15:13 by Hugo Triano Gomez | 0 comentarios

Ricardo Sashiel Rivera Pizarro.





El 28 de septiembre es el día mundial del derecho a saber. La conmemoración pretende que en los distintos países se celebren los avances en materia de transparencia y acceso a la información pública.
Como es sabido, en México el derecho está consagrado en la Constitución Política, a la par de la libertad de expresión, incluso se acompaña en la carta magna con la obligación de las autoridades de atenderlo a través de la entrega de información con una “máxima publicidad”.
En Tabasco, este jueves 29 de septiembre se celebró el evento en el que el Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el ITAIP, recordó la fecha. Autoridades y expositores presumieron los logros en el rubro e instaron a la sociedad a seguir adelante… “trabajando” al respecto.
Y aunque muchos podrían destacar los avances para celebrarlos, otros creen que a la transparencia le ha sucedido lo que a muchos otros logros como la democracia y la rendición de cuentas: Se ha convertido en un discurso que suena bien en la boca de gobiernos, políticos y sobre todo candidatos que se gastan las palabras presumiendo sus presuntos ideales al respecto.
El caso de Tabasco remite a revisar al instituto “garante” que ha sido sometido ante la política gubernamental de no informar; que ha sido cimbrado a través de recursos legales retrasando la publicación de importantes datos, a pesar de tener “una de las mejores leyes del país” en la materia, presumida por los propios gobernantes.
No por nada, la Suprema Corte de Justicia de la Nación aún tiene en sus manos el asunto de los deudores diversos del Gobierno estatal, cuya cuenta de 2010 fue solicitada desde inicios del año pasado y al sol de hoy sigue sin darse a conocer ante los recursos legales con los que la administración granierista impugnó la solicitud ciudadana.
Tabasco -pese a lo que se quiera decir- tiene problemas de transparencia. Las autoridades han evidenciado complicaciones para dar a conocer información, y ya no sólo de sus finanzas. El ejemplo más claro fue que ayer, que en el evento donde se conmemoró el derecho a saber, el consejero jurídico de la administración estatal, Gerardo Guerrero, evitó abundar en las razones que originaron la iniciativa de “alarma social” y que desde que se envió al Congreso Local -hace más de un mes- ha evitado abordar.
Habrá que tomarle la palabra al Secretario de Gobierno, Rafael González Lastra, que en ese mismo acto dijo que la administración estatal está abierta a los comentarios sobre su actuar en la ejecución de la transparencia, aunque habrá que ir más allá. Hay que exigir a las autoridades que en su labor, vean a la transparencia como una cualidad y una capacidad, y no como una simple obligación legal de la que se pueden zafar con alguna práctica jurídica. Hay que hacerles ver que los cuestionamientos, las críticas y las solicitudes deinformación no son ataques sino parte de un derecho ciudadano que se debe atender.
De mayor importancia es que todo ello se logre, como lo mencionó el politólogo de Paraguay que ayer disertó su conferencia en el evento del ITAIP, Benjamín Fernández Bogado, a través del empuje social y del cambio de mentalidad ciudadana; de otra forma estaríamos actuando de la misma forma que las autoridades que incumplen sus funciones, estaríamos exigiendo el cumplimiento de un asunto netamente legal sin el fundamento cultural de fondo, que a final de cuentas es el espíritu del derecho a saber.

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