Ricardo Sashiel Rivera Pizarro.

Tabasco, está a un paso de destacar a nivel nacional en materia de libertad de expresión. Y aunque a lo que muchos ciudadanos aspiran en esa materia es a que hoy, en pleno siglo XXI, con la magnitud de herramientas tecnológicas que se cuentan, la entidad mejore las condiciones para ejercer ese derecho constitucional, se está en el lado opuesto. Hoy, estamos probablemente a días de que una reforma trascendental sea abordada en el Congreso del estado y cuyo resultado final definirá la manera de hacer comunicación en Tabasco y sobre Tabasco. Unos cuantos renglones que se le “agregarían” al Código Penal del estado serían los que, a propuesta del ejecutivo local, tipificarían por primera vez una sanción a la “rumorología”, calificándola como alarma social.

El fin de la iniciativa de reforma en sí, plantea una buena salida a los problemas que en fechas recientes se han registrado no sólo en Tabasco, con motivo de la inseguridad; se argumenta el cese de la información falsa que pudiera provocar la irrupción a la paz social como justificación, sin embargo se busca a un costo altísimo.

Y es que aún y cuando habría elementos que según algunos especialistas encuadrarían para establecer un castigo a actos moralmente incorrectos, también se estaría “poniendo en jaque” a quienes con la única intención de expresarse hacen comentarios a la medida en que se los permite la tecnología.

La –mínima- defensa de quienes han hecho la propuesta ha señalado que con la reforma no se afectará el trabajo periodístico de los medios de comunicación o sus trabajadores. ¿Pero qué hay de quienes sin el interés de pertenecer a uno de estos pretenden exponer sus comentarios de manera libre en el internet? Otro de los comentarios que, al parecer, pretendía calmar las interrogantes fue el de la Procuraduría de Justicia del estado, que argumentó que los casos que se presentasen de “alarma social” serían analizados por los ministerios públicos, los mismos de los que uno no deja de escuchar una infinidad de acusaciones de corrupción.

Sin embargo, el comentario que deja en claro cómo se pretende concretar la ejecución de la nueva “ley anti-rumor”, provino de quien firmó la misma iniciativa: Andrés Granier.

En su más puro estilo de gobernar sentenció que no habrá marcha atrás. Lo hizo, a casi una semana de haber enviado la propuesta al legislativo, sin haberse referido a ella antes y sin intenciones de aclararla. Lo hizo en medio de las críticas que hoy se siguen dando especialmente en las propias redes sociales. Lo hizo sin que su administración haya tenido la capacidad (o la voluntad verdadera) de informar a fondo del asunto o los diputados de su partido hayan tenido la capacidad –voluntaria o involuntaria también- de fijar una postura al respecto mientras ciegamente la defienden. Lo hizo para aclarar que lo que se pretende es imponer “a garrote” lo que se pudo haber hecho con una buena estrategia de educación a la sociedad, sin tener que recurrir al temor de que quienes emitan comentarios, trascendidos o expresiones sean vulnerables y que estos mismos puedan ser tomados como la mejor arma para adjudicarle al autor hasta 5 años de prisión.

Pero ¿Qué habría de esperarse de quienes propusieron la reforma, si son los mismos que en vez de intentar educar a la sociedad para no llegar al caos con los rumores han preferido calificar de terroristas algunos comentarios en las redes sociales? Y es que al final, estaríamos ante una más de las estrategias fallidas de comunicación social de este régimen que, como se ha visto, ha estado más ocupado en ocultar información que en dar explicaciones, incluso trastocando los derechos individuales como en su momento ocurrió con el de la transparencia y el acceso a la información, que “casualmente” se encuentran enmarcados en el mismo artículo sexto de la constitución política donde se habla de la ahora puesta en juego… libertad de expresión.