Los nuevos tiempos... del fuero.
Hugo Triano Gómez.
El tema siempre ha sido
recurrente en las izquierdas. Ha sido bandera política en tiempos de campaña y
cuando la crítica a los gobiernos "tradicionales" o de "continuidad", ha arreciado. La principal oferta ha
sido, "contribuir"
a la anhelada igualdad entre los gobernantes y los gobernados, amén del deseo
de "combatir"
la impunidad. A la luz de los planteamientos, la idea de acotar el fuero
constitucional a casi todos
los más altos funcionarios de estado en Tabasco, presenta cosas positivas,
aunque también interrogantes y elementos para abundar.
De inicio es de establecerse que
la iniciativa presentada en el legislativo local no busca extinguir, sí
reducir, limitar, el privilegio del que gozan magistrados y administradores del
poder judicial, de órganos como el IEPC, los tribunales de lo contencioso y el
electoral, los miembros del gabinete y las autoridades de mayor nivel en los
municipios. Por lo menos aquí, se fue sincero desde el inicio y no se vendió la
falsa idea -como ocurrió a nivel nacional- de que se quería eliminar la figura.
Superado el debate aquél de que
el fuero “solo” buscaba
garantizar que las ideas prevalecieran por sobre todas las cosas, hay que decir
que de aprobarse la iniciativa en comento, todo servidor público de primer
nivel en Tabasco y a excepción del gobernador, podrá ser -como cualquiera-
sujeto a proceso si hay indicios de que cometió un ilícito, sin mediar un
juicio de procedencia de la cámara de diputados, que irónicamente con el paso
del tiempo, se convirtió en un mecanismo cómplice de la inacción de la
justicia. No se recurrirá ya a las comisiones, donde los procesos legislativos
suelen ser lentos y longevos. Bastará con que el pleno mismo, con su mayoría
absoluta, “determine” si
ha lugar a investigar a alguien,
que no es lo mismo que considerarlo culpable de alguna imputación.
Como sea, con la idea propuesta
se observa -quizás sin querer- una posibilidad paralela de buscar la justicia
más rápido.
Claro que el órgano investigador
tendrá que aportar elementos para no hacer de la rapidez una debilidad. Será
ahora él, quien tenga los reflectores encima cuando un funcionario de los
citados, sea relacionado con problemas legales.
Con la propuesta de reforma
constitucional hecha realidad, no solo se le estará delimitando una potestad a los legisladores y compañía, volviéndolos -si se quiere- vulnerables,
sino que se da también un espaldarazo a la procuraduría de justicia en un afán
-al menos teórico- de fortalecerla. ¿Está sin embargo la procuraduría lista
para el nuevo reto? Por lo pronto, para nadie es un secreto que tendría que desarrollar una nueva tarea y adoptar una nueva cultura, casi con la misma gente.
Y es que el ministerio público
tendrá la sartén por el mango y la gran responsabilidad de proceder en casos de "la comisión de
delitos graves o cometidos en flagrancia" -que pueden no ser graves- "así
como con aquellos derivados de la delincuencia organizada" en la que se involucre a este tipo de
funcionarios. Ahí su facultad se extiende al hecho de que "no se
requerirá agotar el procedimiento" para actuar, o lo que es lo mismo, no necesitará en lo
absoluto de la intervención del Congreso.
Diciéndolo de otro modo, deberá
haber acción sin vaciles en casos como secuestros, tráficos de menores,
homicidio y robo calificado, extorsión, violación, narcotráfico entre otros.
Cierto es que en Tabasco suele
acusarse de todo, a todos. Aún así, la iniciativa no tendría por qué ser vista
con malos ojos. Será como se dijo una nueva y pequeña prueba de fuego para los
legisladores del "gobierno del cambio" y para los investigadores y juzgadores de
primera instancia, so pena de terminar sancionados, si se comprueba que
actuaron mal, bajo consigna o torciendo la ley.
La ruta crítica está trazada. El
hecho simple es evitar que una investigación no pueda desarrollarse por requerirse
una declaración de procedencia de la Cámara de Diputados.
El hecho notable es la búsqueda
de hacer mortal al "representante popular", al funcionario de peso. Que cuando termine
su actuar oficial diario, se conduzca con la normalidad de todo ciudadano de
bien. Que dentro de ella respete la ley, se aleje del despotismo y renuncie al
abuso de autoridad en el que seguro ha caído alguno.
¿Que puede ser un riesgo para
los funcionarios y las instituciones? Quizás. Lo que queda -lo que les queda-
es entender que en los nuevos tiempos, más valen los excesos de defensa, que
los excesos… de poder.
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