El derecho a saber.

Posted on 15:13 by Hugo Triano Gomez | 0 comentarios

Ricardo Sashiel Rivera Pizarro.





El 28 de septiembre es el día mundial del derecho a saber. La conmemoración pretende que en los distintos países se celebren los avances en materia de transparencia y acceso a la información pública.
Como es sabido, en México el derecho está consagrado en la Constitución Política, a la par de la libertad de expresión, incluso se acompaña en la carta magna con la obligación de las autoridades de atenderlo a través de la entrega de información con una “máxima publicidad”.
En Tabasco, este jueves 29 de septiembre se celebró el evento en el que el Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el ITAIP, recordó la fecha. Autoridades y expositores presumieron los logros en el rubro e instaron a la sociedad a seguir adelante… “trabajando” al respecto.
Y aunque muchos podrían destacar los avances para celebrarlos, otros creen que a la transparencia le ha sucedido lo que a muchos otros logros como la democracia y la rendición de cuentas: Se ha convertido en un discurso que suena bien en la boca de gobiernos, políticos y sobre todo candidatos que se gastan las palabras presumiendo sus presuntos ideales al respecto.
El caso de Tabasco remite a revisar al instituto “garante” que ha sido sometido ante la política gubernamental de no informar; que ha sido cimbrado a través de recursos legales retrasando la publicación de importantes datos, a pesar de tener “una de las mejores leyes del país” en la materia, presumida por los propios gobernantes.
No por nada, la Suprema Corte de Justicia de la Nación aún tiene en sus manos el asunto de los deudores diversos del Gobierno estatal, cuya cuenta de 2010 fue solicitada desde inicios del año pasado y al sol de hoy sigue sin darse a conocer ante los recursos legales con los que la administración granierista impugnó la solicitud ciudadana.
Tabasco -pese a lo que se quiera decir- tiene problemas de transparencia. Las autoridades han evidenciado complicaciones para dar a conocer información, y ya no sólo de sus finanzas. El ejemplo más claro fue que ayer, que en el evento donde se conmemoró el derecho a saber, el consejero jurídico de la administración estatal, Gerardo Guerrero, evitó abundar en las razones que originaron la iniciativa de “alarma social” y que desde que se envió al Congreso Local -hace más de un mes- ha evitado abordar.
Habrá que tomarle la palabra al Secretario de Gobierno, Rafael González Lastra, que en ese mismo acto dijo que la administración estatal está abierta a los comentarios sobre su actuar en la ejecución de la transparencia, aunque habrá que ir más allá. Hay que exigir a las autoridades que en su labor, vean a la transparencia como una cualidad y una capacidad, y no como una simple obligación legal de la que se pueden zafar con alguna práctica jurídica. Hay que hacerles ver que los cuestionamientos, las críticas y las solicitudes deinformación no son ataques sino parte de un derecho ciudadano que se debe atender.
De mayor importancia es que todo ello se logre, como lo mencionó el politólogo de Paraguay que ayer disertó su conferencia en el evento del ITAIP, Benjamín Fernández Bogado, a través del empuje social y del cambio de mentalidad ciudadana; de otra forma estaríamos actuando de la misma forma que las autoridades que incumplen sus funciones, estaríamos exigiendo el cumplimiento de un asunto netamente legal sin el fundamento cultural de fondo, que a final de cuentas es el espíritu del derecho a saber.

Septiembre 27.

Posted on 6:34 by Hugo Triano Gomez | 0 comentarios

Hugo Triano Gómez.





La fecha supone mucho. Sin duda conmemorar la consumación de la Independencia influyó en la decisión de hacer el anuncio ese día del ya lejano 1960. Era la época del desarrollo estabilizador en México, pero también de la era en que todo estaba supeditado al protocolo excesivo y al “cuidado escrupuloso” de las cosas. Era, dicen algunos, el marco adecuado para iniciar el proceso de nacionalización de la industria eléctrica que culminó 3 meses y dos días después -el 29 de diciembre- con una adición al párrafo sexto del artículo 27 Constitucional.
A diferencia del proceso petrolero, aquí se compraron las empresas eléctricas existentes en el sigilo y la secrecía normales de la época, tanto que el anuncio de las adquisiciones llegó hasta el día del informe Presidencial de ese año de Adolfo López Mateos.
Se trataba en sí de quitarle a los particulares nacionales y extranjeros, la posibilidad de generar, conducir, transformar, distribuir y abastecer energía eléctrica, si su fin era la prestación de un servicio público, para dársela exclusivamente al Estado Mexicano, en la lógica -y la obligación- de que éste buscaría ante todo el bien común de sus gobernados.
Concluido el proceso legislativo se hizo norma negar concesiones en la materia a los particulares. Con el tiempo se definió y entendió que los permisos para el autoconsumo no están prohibidos, tampoco para la cogeneración si no pierde el sentido de autoabastecimiento.
En contraste el asunto de los intermediarios  que le venden energía a la Comisión Federal de Electricidad -previsto en la ley reglamentaria- ya sea porque ese haya sido su interés desde un inicio o porque les sobre; y la importación y exportación de la misma, son desde hace un buen objeto de discusiones políticas, litigios y conclusiones de inconstitucionalidad…Y sin embargo se volvieron práctica común.
No puede negarse por tanto, que 51 años después, la energía eléctrica en México y los insumos que la generan no están al servicio de la colectividad y desde hace mucho dejó de contribuir a elevar el nivel de vida de los Mexicanos.
Tarifas elevadas, mal suministro del servicio, una actitud mercantilista predominante, corruptelas escandalosas y otras no conocidas de sus mandos directivos; canonjías indebidas de sus trabajadores, como la excepción del pago del servicio por el simple hecho de pertenecer a la CFE, que no ha dejado de ser al menos en el papel del “pueblo”; fraudes de los usuarios justificados o no, conflictos políticos, el oportunismo infaltable de la misma especie y la indefensión y dejadez del común -del ciudadano de a pie- hacen del sector eléctrico un monstruo de mil cabezas capaz de arrastrar al barranco a cualquier buey.
La experiencia de la última gran inundación en Tabasco hace pensar por lo menos, si hubiera sido conveniente haber privatizado ya a la Comisión Federal de Electricidad. Alguna corriente que favorece la especie, afirma que por lo menos así habría algún culpable en el manejo del sistema de presas que año tras año mantiene a muchos por acá con el “Jesús en la boca”.
La pregunta sin duda es ¿cómo se le devuelve al sector energético su importancia real, la utilidad como motor del desarrollo nacional?
La respuesta no tiene dueño aún, pero por algún lugar hay que iniciar.
¿La solución? La antítesis de lo planteado. Tarifas justas que no pongan a alguien en la disyuntiva de comer o pagar. Buen suministro del servicio, de la mano con el pago puntual e inevitable de los consumidores. Una actitud mercantilista de CFE sustituida –en serio- por la de contribuir a mejorar la calidad de vida. Corruptelas escandalosas sancionadas ejemplarmente, con el resarcimiento de los desfalcos incluidos  y saneamientos financieros verídicos; cancelación de las excepciones de pago a los trabajadores de la empresa de “clase mundial”, sanciones a los usuarios que insistan en los fraudes con las condiciones renovadas y por supuesto la disposición no politiquera de los que mantienen los conflictos a expensas de otras demandas. A todo ello habrá que sumarle los montos de inversión respectiva para la modernización, cuidando que no vayan a parar al gasto corriente.
La idea no tiene dueño aún. Incluye a muchos sectores, viejos conocidos, por ende su improbabilidad. El fracaso de ésta irremediablemente tendrá que hacernos pensar –de nuevo- en si no es tiempo de privatizar la industria tan celosamente disputada, pero poco bien atendida a la hora de poder ofrecerle algo valioso. El tiempo se agota para un evitar un colapso, y nadie ha dicho...! yo!.

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