De atentados, sospechas y resbalones.
Cuando
en 1994, Luis Donaldo Colosio fue asesinado, desde el inicio se habló de un magnicidio, hecho errado si se parte de
la idea de que el político Sonorense no ostentaba la “máxima representación del Estado” Mexicano. Lo que Evaristo Hernández sufrió ayer por la madrugada
en Tabasco, puede a su vez calificarse formalmente, más allá de un atentado,
como un homicidio en grado de tentativa.
A
reserva de lo que los especialistas en derecho planteen lo contrario, el
homicidio es un delito grave tipificado en todos los códigos del país. Ello
significa que puede perseguirse desde el ámbito estatal –el del fuero común- o
desde el federal. Para que éste último pueda “conocer” de un asunto debe acreditarse algún perjuicio para la
Nación, su territorio, sus funcionarios, incluso el interés general de los
gobernados. Porque Colosio muy probablemente sería Presidente de la República aquella vez el órgano federal “atrajo” las investigaciones.
Conocido
es que Evaristo Hernández aspira a un cargo relevante en el plano local. Por
tanto deben ser las leyes estatales las que dirijan el esclarecimiento de los
hechos, a menos que las pesquisas que haya iniciado la procuraduría tabasqueña
vinculen los acontecimientos con presuntos delitos del orden federal. El
vínculo con la delincuencia organizada sonaría “ideal”.
Raro
suena por tanto, que el Gobierno de Tabasco, escasas 4 horas después de los
acontecimientos, anunciara a través del Secretario de Gobierno Rafael González
Lastra que el Gobernador Granier le dio instrucciones de pedirle a la PGR que
atrajera el asunto, sin argumentar que por algún indicio -tal vez de balística-
se hacía imperativa su participación. Más raro aún, que horas después el Procurador
Gregorio Romero Tequextle evidenciara una contradicción con aquel, al afirmar
que ellos "darían el caso" si la PGR lo solicita.
Otra
rareza asomada a propósito del dicho del Secretario de Gobierno surgió cuando dio
como principal argumento para pedir la atracción del caso, el deseo de la
administración Granier para dar garantías de “plena imparcialidad” a las indagatorias. Quizás ni cuenta se dio,
pero fue casi-casi como aceptar la existencia de consignas en la dependencia que antes dirigió el propio González
Lastra.
Es
cierto que algunas procuradurías y administraciones en el país han solicitado la
atracción de asuntos a la PGR, pero advirtiendo diferencias sustanciales puede
hablarse aquí de los casos de Veracruz que pidió a ésta averiguar sobre los 35
cadáveres “aparecidos abandonados” en Boca de Río ó más recientemente de la
del Gobernador de Guerrero que tras destituir al Procurador estatal por el caso
de los estudiantes golpeados hasta morir y quedar en coma -y en virtud de que
serán elementos policiacos los investigados- hizo lo propio en un afán al menos
público, de evitar la “impunidad”.
La
cuestión aquí es aclarar la impresión de que el gobierno tabasqueño quiere
asemejarse al de Poncio Pilatos y
lavarse (bien, re-bien) las manos. Quizás habrá que recordar que los fueros no
se renuncian; que los ámbitos de competencia son claros, que el “proceso
para la aplicación de la justicia” no debe regirse por deseos de alguien, así sean del mismo Andrés Granier
o del propio Hernández Cruz, con todo y que diga que le da más confianza el
ámbito federal. Hace falta saber para
entender el deseo de endilgarle a la PGR el asunto, si hay Indicios de
delincuencia organizada, dejos de alguna conspiración ó complot; o de plano falsedad de informes dados a lo
autoridad por aquello del “auto-atentado”. Difícil será sin duda, definir… cuál es
peor.
